Malas prácticas legislativas (dos interesantes análisis). Y más legislación de urgencia

Dos interesantes análisis, publicados en democrata.es:

Hacienda cuela vía enmiendas dos directivas que debía haber aprobado en 2021

Así han dilatado los grupos parlamentarios la tramitación de leyes en lo que va de legislatura

Continúa la tramitación urgente de leyes. Acuerdos de hoy en el Consejo de Ministros:

Asuntos Económicos y Transformación Digital

ACUERDO por el que se autoriza la tramitación administrativa urgente prevista en el artículo 27.1.a) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, del Anteproyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre.

Derechos Sociales y Agenda 2030

ACUERDO por el que se solicita a la Comisión Permanente del Consejo de Estado la emisión de dictamen con carácter urgente, no más tarde del día 16 de marzo de 2023, en relación con el Anteproyecto de Ley de Familias.

Y estamos a 7 de marzo. Viniendo de donde viene el anteproyecto, parece que el dictamen del Consejo de Estado importa muy poco, pura formalidad.

Recordemos lo que dijo el Consejo de Estado en su dictamen nº 1.604/2022, de 27 de octubre.

Del dictamen se hizo eco Vozpópuli^[1] en información de Mercedes Serraller, con una encomiable síntesis para la comprensión del público en general: advierte de «urgencias injustificadas» que afectan a la calidad de las leyes y al «control de legalidad y constitucionalidad». El Consejo exige al Gobierno «respeto» a su función y al marco legal. El dictamen le «recuerda la relevante función institucional que cumple el procedimiento de elaboración de disposiciones normativas de carácter general dentro del Estado de Derecho, en aras de garantizar, siquiera sea de forma cautelar, la oportunidad y legalidad de tales disposiciones». Ahí reside la obligación de pedirle informe, y los plazos tienen la importancia de garantizar estos fines. Reducirlos o prescindir de ellos tiene una relevancia que trasciende los inconvenientes que les puedan causar al propio Consejo de Estado. La urgencia deba estar siempre justificada y nunca pueda invocarse para eludir o relajar los controles […] La historia comparada del constitucionalismo es pródiga en ejemplos que permiten calibrar los riesgos de una apelación constante y no suficientemente motivada a las cláusulas de urgencia». La tramitación y exigencias de urgencia no están justificadas, lo que hace «que se resientan las garantías inherentes al procedimiento». Las consecuencias de este proceder son particularmente relevantes, cuando, como en el asunto sometido a consulta, «afectan a uno de los trámites más importantes de este procedimiento -sino el que más, al menos desde el punto de vista del control de la legalidad y constitucionalidad de las propuestas normativas elaboradas por el Gobierno o por algunos de sus departamentos ministeriales-, como es el dictamen del Consejo de Estado». La técnica legislativa del Gobierno, «no idónea», está afectando a las propias competencias y razón de ser del propio Consejo de Estado: «La posición institucional del Consejo de Estado como supremo órgano consultivo del Gobierno, reconocida en el artículo 107 de la Constitución, exige el respeto de las reglas de competencia y procedimiento establecidas por su ley orgánica para el correcto desempeño de la alta función que tiene encomendada». «Constituye una máxima de experiencia que el mejor modo de conseguir una rápida y satisfactoria resolución de los asuntos públicos es abordarlos con reflexión y sosiego. –Festina lente [Apresúrate despacio], reza un oxímoron clásico-«, remacha el órgano consultivo.