Es muy de lamentar la siguiente noticia:
“Ferrovial se va de España a Países Bajos por su «estabilidad jurídica»
La constructora justifica este cambio de sede social para atraer a inversores y cotizar en EE UU, y aclara que el impacto fiscal es «mínimo» para Hacienda”
En la presente legislatura estamos asistiendo al mayor deterioro de la seguridad jurídica y del Estado de Derecho del período democrático. Y debe ponerse freno a esto cuanto antes.
Son de interés, entre otros, los siguientes documentos:
La seguridad jurídica en España. Documento de discusión (versión revisada y comentada). 10 de mayo de 2021. Benito Arruñada (Universidad Pompeu Fabra y BGSE)
“Las relaciones económicas reposan en que sus protagonistas mantengan un alto grado de confianza acerca del contenido de las leyes y de su aplicación por los jueces. Esta “seguridad jurídica” es condición necesaria para que la economía de mercado funcione con eficiencia y pueda alcanzar mayor equidad y prosperidad”.
Discurso del Presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, en el acto de apertura del Año Judicial (9 de septiembre de 2019)
“El buen funcionamiento de la Justicia es determinante para la confianza que demandan ciudadanos, empresas e inversores a la hora de tomar sus decisiones y apuestas de futuro. De ello depende, en gran medida, el desarrollo del conjunto del país.
La incertidumbre es uno de los factores que de manera más nociva incide en la inestabilidad económica de una sociedad. La ausencia de previsibilidad impide un cálculo solvente de riesgos y, 6 consecuentemente, obstaculiza un crecimiento económico sostenido. En este contexto, el concepto de seguridad jurídica adquiere una importancia capital, propiciando un escenario de certeza en el que la adopción de decisiones empresariales y económicas se vea avalada por un marco decisorio razonablemente cognoscible.
Una Justicia ágil y previsible, con criterios claros y comprensibles, adecuadamente cohonestada con todas las Administraciones implicadas y en la que se fomente el empleo de medios alternativos de resolución de conflictos, debe ser un objetivo ineludible para un país que quiera crecer y progresar racionalmente.
Un país que ofrece niveles óptimos de seguridad jurídica tiene mayores oportunidades de atraer el capital y los recursos productivos que se requieren para crear riqueza y empleo. Puede decirse, sin riesgo de exageración, que el sistema jurídico-procesal no es únicamente un marco, sino una verdadera infraestructura para la inversión y el crecimiento económico. Así nos lo vienen recordando, desde hace años, instituciones tan solventes como el Banco Mundial…”
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