La Revista Registradores de España acaba de publicar, en su nº 100, una entrevista a la nueva Presidenta del Consejo de Estado, Magdalena Valerio, de la que me gustaría destacar dos cuestiones:
1º) ¿Qué objetivos se marca al frente del más importante órgano consultivo del Gobierno?
Mis principales objetivos son seguir aumentando la transparencia del Consejo de Estado, así como su modernización. Transparencia, como camino hacia una mayor apertura a la sociedad, tanto a través de los medios de comunicación como a través de un contacto directo con la sociedad civil. Creo que el Consejo es una de las altas instituciones del Estado más desconocidas por la ciudadanía. Esta opacidad empezó a iluminarse gracias a las medidas que impulsó mi antecesora en el cargo, María Teresa Fernández de la Vega. Mi intención es profundizar en este camino…”
Comentario: El principal y fundamental déficit de transparencia del Consejo de Estado es la tardía publicación de sus dictámenes. No los publica (los relativos a los anteproyectos normativos) hasta que la norma no es aprobada y publicada en el BOE. Se impide así que los dictámenes puedan tenerse en cuenta, en tiempo real y no a toro pasado, en el debate jurídico.
El Consejo General del Poder Judicial hace públicos sus informes al ser evacuados.
2º) “La celeridad legislativa está provocando que en algunos supuestos se prescinda de los informes del Consejo de Estado en perjuicio de la calidad. ¿Es posible alguna actuación por parte de la institución que usted dirige para que esos casos sean los menos posibles?
En este sentido me gustaría destacar dos aspectos que últimamente parece que se están olvidando. En primer lugar, recordar que nunca un proyecto de ley, norma o actuación legislativa por parte de la administración que fuera preceptiva de ser consultada al Consejo de Estado ha evitado nuestro dictamen. Jamás. No solo con este Gobierno, sino tampoco con los gobiernos que le ha precedido. Añadir a este primer punto que el número de consultas potestativas, es decir, que no son obligatorias de pasar por el Consejo de Estado, aumenta año tras año.
En segundo lugar, no me parece justo inferir que las leyes, como las Proposiciones de Ley, que se tramitan directamente en el Congreso no tienen todas las garantías jurídicas ni la calidad jurídica adecuada. El cuerpo de letrados de las Cámaras y antes que ellos los asesores jurídicos de los ministerios y de los grupos parlamentarios aseguran también una calidad legislativa propia de un Estado de Derecho avanzado como es el nuestro”.
Comentario: Parece que la nueva Presidenta tira piedras contra su propio tejado, pues lo mismo podría predicarse de los anteproyectos y proyectos de ley: los ministerios, el Gobierno en su conjunto, disponen de funcionarios muy especializados, gabinetes, todo un cuerpo de abogados del Estado a su servicio (también los letrados de las Cortes y los asesores parlamentarios intervienen en estos casos), etcétera. Siguiendo la argumentación de la Presidenta, “todo ello asegura una calidad legislativa propia de un Estado de Derecho avanzado como el nuestro”. ¿Para qué sirve entonces el Consejo de Estado y la función consultiva, por ejemplo, del Consejo General del Poder Judicial?
Hoy más que nunca necesitamos un Consejo de Estado que actúe con auténtica independencia de criterio y que no se deje mangonear.
Artículos y posts relacionados:
La publicidad de los dictámenes del Consejo de Estado
Nunca se legisló tan mal. Debemos exigir un cambio radical al respecto
No son formas democráticas de legislar