Excelente artículo, en ABC de hoy, de Manuel Aragón Reyes, catedrático emérito de Derecho Constitucional y magistrado emérito del Tribunal Constitucional:
“Este modo de actuar, contrario a las reglas de nuestra democracia constitucional, además de degradar la potestad legislativa parlamentaria, produce (y creo que consecuentemente) malas leyes, técnicamente defectuosas por su confusa redacción y su falta de claridad, con riesgo cierto para la seguridad jurídica, que es condición indispensable para la efectividad de los derechos ciudadanos, la estabilidad social y el desarrollo ordenado de la economía.
… En ese panorama de degradación institucional, la ley está perdiendo la dignidad que debe acompañarla porque en esa dignidad descansan su legitimidad para ser obedecida y su eficacia como instrumento útil de resolución pacífica de los conflictos y de garantía de los derechos de los ciudadanos. A la hora de elaborar las leyes, la desnuda voluntad política, como antes dije, prevalece, en muchas ocasiones, sobre la razón jurídica…”
En este contexto, todavía hay algunos académicos que quieren “cargarse” las normas que establecen la responsabilidad patrimonial del Estado legislador.
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