AEDAF APELA AL RESPETO POR LA JURISPRUDENCIA COMO GARANTÍA ÚLTIMA DEL SISTEMA TRIBUTARIO
Cáceres, 26 de mayo de 2025.
El presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales, AEDAF, ha apelado a la independencia judicial como garantía última de la legitimidad del sistema tributario, “que no descansa solo en la recaudación, sino en normas claras y estables aplicadas con coherencia”.
Bernardo Bande ha manifestado la preocupación de la principal asociación de asesores fiscales del país ante reformas legislativas urgentes cuyo objeto es “neutralizar los efectos de los pronunciamientos del Supremo que reconocen los derechos de los contribuyentes.
Esto socava la legitimidad del sistema y erosiona la confianza institucional”.
Y ha añadido: “la seguridad jurídica no es un lujo, es el oxígeno del sistema. Respetar la jurisprudencia y mantener criterios coherentes son pilares esenciales para recuperar y reforzar la confianza.”
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Un apunte sobre la labor de la jurisprudencia
Algunos de mis artículos sobre este tema:
“¿Qué Tribunal Supremo queremos?” (Diario La Ley, nº 8329, 10 de junio de 2014); “¿Quo vadis, Tribunal Supremo? En defensa del garante de la seguridad jurídica en un mundo de leyes desbocadas” (Artículo Monográfico, septiembre 2012. Editorial jurídica Sepín); “Jurisprudencia en tiempo real” (Cinco Días, 24 de noviembre de 2009); “La necesaria reforma de la casación” (Expansión, 29 de abril de 2011); “En defensa del contribuyente” (Cinco Días, 29 de octubre de 2012); “Eficiencia en lo contencioso-administrativo” (Cinco Días, 31 de mayo de 2013 y ¿Hay Derecho?, 1 de junio de 2013). “Una reflexión sobre la Jurisprudencia” (Jurisprudencia Tributaria Aranzadi, nº 19, febrero 2000). “¿Hay verdadero interés en reformar la Administración de Justicia? Declaraciones y hechos” (¿Hay Derecho?, 12 de abril de 2014).
La pertinencia de regular en España la «cuestión prejudicial de derecho interno»
Autor: Isaac Ibáñez García
Localización: Diario La Ley, ISSN 1989-6913, Nº 9295, 2018
Resumen
Analiza el autor la pertinencia de introducir en nuestro ordenamiento la cuestión prejudicial. Dicha propuesta está en línea con otros instrumentos ya existentes en nuestro Derecho, como la cuestión de inconstitucionalidad, la cuestión de ilegalidad en el proceso contencioso-administrativo o la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia Europeo. Su planteamiento estaría en manos, exclusivamente, de los órganos jurisdiccionales y coadyuvaría a clarificar cuestiones de interés general sin necesidad de esperar a un posterior e hipotético recurso de casación.