La presidenta de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, Dolors Montserrat remitió, el 12 de septiembre de 2023, una carta al presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento, Adrián Vázquez, sobre su “Opinión sobre el control de la aplicación del Derecho de la Unión Europea en los años 2020, 2021 y 2022 (2023/2080(INI))https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/PETI/AL/2023/09-20/1285636ES.pdf .
Destacamos los siguientes particulares coincidentes con nuestra petición al Parlamento Europeo, nº 1123/2022, que está actualmente tramitándose y que en su día se trasladó también a la Comisión de Asuntos Jurídicos.
“La Comisión de Peticiones pide a la Comisión de Asuntos Jurídicos, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:
Considera clave para la plena protección de los derechos de los ciudadanos una acción rápida al objeto de poner fin a las violaciones del Derecho de la Unión por parte de los Estados miembros mediante la adopción de un plazo más breve y claro y el refuerzo de las normas jurídicas sobre los procedimientos de infracción, así como sobre la remisión de asuntos al Tribunal de Justicia de la Unión en caso de violación persistente del Derecho de la Unión;
Manifiesta su preocupación por la enorme cantidad de procedimientos de infracción en curso que la Comisión Europea ha mantenido estancados durante muchos años en la fase precontenciosa, sin llevar a Estados miembros en cuestión ante el TJUE, a pesar de su persistente falta de respeto de la legislación de la Unión correspondiente o de transposición correcta de las disposiciones del Derecho de la Unión en sus respectivos ordenamientos jurídicos nacionales;
Pide a la Comisión que se atenga a sus propias normas establecidas en su Comunicación titulada «Sanciones financieras en los procedimientos de infracción», adoptada el 4 de enero de 2023, en la que la propia Comisión fijó un objetivo de doce meses para remitir los asuntos de infracción al TJUE en caso de que persista la falta de transposición de una directiva una vez expirado el plazo establecido por el legislador de la Unión, dada la importancia que tiene para los ciudadanos y para la credibilidad del Derecho de la Unión que se garantice el respeto de estas normas por parte de los Estados miembros; subraya que, a lo largo de los años, la Comisión de Peticiones recibió una gran cantidad de peticiones, aún en curso, sobre los derechos conexos de estas Directivas presentadas por ciudadanos de varios Estados miembros;
Reitera la importancia estratégica de tratar también las cuestiones planteadas en peticiones individuales con el fin, entre otras cosas, de detectar rápidamente y evitar posibles deficiencias sistémicas graves; considera fundamental para la correcta aplicación del Derecho de la Unión un diálogo más oportuno y proactivo de la Comisión con las autoridades nacionales con el fin de hacer frente a posibles violaciones del Derecho de la Unión denunciadas por los peticionarios;
Reconoce que la Comisión dio un acceso más amplio a la información sobre EU Pilot y los procedimientos de infracción formales para los denunciantes, pero considera que es necesaria una mayor transparencia, claridad jurídica y acceso a la información sobre la totalidad de los procedimientos previos a la infracción y de infracción en el contexto de EU Pilot y del informe anual sobre el control de la aplicación del Derecho de la Unión”.
Resumen de la petición nº 1123/2022, realizado por la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que ha sido remitida a la Comisión Europea para que lleve a cabo una investigación preliminar sobre el asunto y a la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo:
“El peticionario llama la atención sobre la Comunicación de la Comisión «Hacer cumplir el Derecho de la UE para una Europa que ofrezca resultados», de 13 de octubre de 2022.
Teniendo en cuenta esta Comunicación, el peticionario expresa la necesidad, manifestada de forma reiterada por el Parlamento Europeo, de una Ley de Procedimiento Administrativo de la Unión y de un Reglamento sobre el procedimiento de infracción.
El peticionario denuncia que, con frecuencia, los procedimientos de infracción de la Unión se prolongan de forma interminable. El peticionario señala que la Comisión Europea no entiende el concepto de «retraso indebido», ni el de «plazo razonable». El peticionario considera que la forma en que la Comisión tramita los procedimientos de infracción es manifiestamente mejorable. El peticionario declara que el Parlamento Europeo ya ha solicitado una norma vinculante relativa al procedimiento de infracción y al procedimiento administrativo general. El peticionario cita la Resolución del Parlamento Europeo, de 6 de octubre de 2016, sobre el control de la aplicación del Derecho de la Unión y el informe anual de 2014 en el que se solicitaba la aprobación de un Reglamento sobre una Ley de Procedimiento Administrativo de la Unión Europea conforme al artículo 298 del TFUE. El peticionario se refiere también al grupo de trabajo de la Comisión JURI sobre Derecho Administrativo, que ha decidido elaborar un proyecto de Reglamento sobre el procedimiento administrativo de la administración de la Unión para que sirva de «fuente de inspiración» para la Comisión. El peticionario solicita al Parlamento que inste una vez más a la Comisión a presentar las propuestas pertinentes relativas a una Ley de Procedimiento Administrativo de la Unión y un Reglamento sobre el procedimiento de infracción.
Ámbitos: Justicia, Asuntos constitucionales, Mercado interior”.
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