Manuel Medina Guerrero ha señalado, en un artículo en Hay Derecho (La justiciabilidad de la calidad de las leyes), que “a lo largo de la XIV Legislatura, se han incrementado las señales de alarma sobre el deterioro de la calidad de las leyes que ya habían menudeado años atrás”.
Luis María Cazorla Prieto, gran jurista, que fue letrado Mayor de las Cortes Generales y, además, durante muchos años Secretario General del Congreso de los Diputados, acaba de escribir un artículo en ABC bajo el título “El rampante deprecio al Derecho”, en el que denuncia que “las consecuencias del desprecio al Derecho alimentado por el populismo jurídico son lamentables y tienden a agujerear el Estado social y democrático de Derecho. Me ciño a un breve apunte. El encauzamiento de iniciativas legislativas por caminos inadecuados y con arrumbamiento de los requerimientos propios de la elaboración documentada y reflexiva de toda norma jurídica. La desatención o la atención con oídos sordos a los juristas o a los órganos jurídicoconsultivos que asesoren como es debido, y, en su caso, la atención a los juristas u órganos jurídico-consultivos complacientes que se atienen sin más a lo que los políticos quieren. El dominio del puro voluntarismo político arrumbador de la racionalidad jurídica. La extensión como mancha de aceite de lo que Darío Villanueva llama “espontaneísmo populista”, que en el campo jurídico es equivalente al “ocurrentismo normativo” o regulación a golpe de ocurrencias que respondan a conveniencias políticas a corto plazo y para salir del paso. Las insufribles ligereza y superficialidad a la hora de hacer normas, que, junto con otras causas, han llevado a que, según un estudio publicado recientemente por el Banco de España y del que son autores J. Mora-Sanguinetti, J. Quinta, I. Soler y R. Spruk, de 1979 a 2022, las Administraciones públicas han aprobado en nuestro país ¡414.272! disposiciones, fenómeno multiplicado en los últimos años por la crisis de 2008 y la del Covid. La pésima calidad normativa y la no mejor técnica legislativa que están enfangando el ordenamiento español en casi todas sus vertientes. Y acabo, aunque podría ocupar muchas más líneas, la malhadada tendencia a atribuir los efectos de las equivocaciones ocasionadas por el relegamiento de la técnica jurídica a unos jueces que, se alega, no saben aplicar debidamente las leyes aprobadas, aunque lo hayan sido cuajadas de deficiencias…
Creo que es muy necesario tomar conciencia del rampante desprecio al Derecho que empieza a cobrar cuerpo en la sociedad y la política españolas. Hay que atajarlo porque, de no hacerlo, contribuirá a traer una insoportable inseguridad jurídica y un peligroso socavamiento de los cimientos de nuestro Estado social y democrático de Derecho. El Estado social y democrático no es conquista de un solo día, el 27 de diciembre de 1978 cuando fue sancionada la Constitución, sino del quehacer constante de ciudadanos, políticos y juristas de toda clase coincidentes en el propósito de evitar que, por la fuerza de los hechos y con el paso del tiempo, quede vaciado de contenido, agujereado o convertido en un hueco caparazón formal”.
Recientemente tuvo lugar, en la sede de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, la apretada Jornada, organizada por la misma, en colaboración con el Consejo de Estado, sobre “El procedimiento de elaboración de disposiciones generales desde la perspectiva del Consejo de Estado”, a la que pudo asistir cualquier persona y también visionarlo online por streaming.
Ahora, durante los días 13 y 14 de julio, el Ministerio de Justicia ha organizado, con escasa publicidad, unas jornadas de la Comisión General de Codificación para debatir sobre la programación legislativa. Según la propaganda oficial:
13 de julio:
“Durante los días 13 y 14 se llevarán a cabo seis mesas redondas en las que participan responsables del Ministerio de Justicia, personalidades del mundo académico y jurídico, y representantes de otros ministerios.
También tendrá lugar un diálogo entre los presidentes de las salas Tercera y Cuarta del Tribunal Supremo, y los presidentes de sección de la CGC sobre el papel y el futuro de este órgano superior colegiado de asesoramiento al Ministerio de Justicia.
La subsecretaria del Ministerio de Justicia, Ana Sánchez, y el secretario general técnico, Jacobo Fernández, han inaugurado hoy, en el Palacio de Parcent, las jornadas de la Comisión General de Codificación (CGC).
La Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia organiza este encuentro, los días 13 y 14 de julio, bajo el título Diálogos sobre política regulatoria. Presente y futuro de la programación legislativa, con el objetivo de debatir sobre programación legislativa.
La subsecretaria de Justicia ha puesto en valor el papel de la CGC: “Es un órgano vivo, presente en buena parte de las iniciativas legislativas de los últimos años y con tareas muy importantes que afrontar en los próximos años, como es la actualización de nuestro ordenamiento jurídico».
Con estas jornadas, que tienen “vocación de continuidad», según ha señalado Sánchez, “se plantea un análisis sobre la programación y planificación estratégica legislativa en diferentes ámbitos, coincidentes con las secciones de que se compone la Comisión, y se espera contribuir a la reflexión sobre la mejora regulatoria y la técnica legislativa».
Papel de la regulación
Por su parte, el secretario general técnico -y vicepresidente de la CGC- ha resaltado “la utilidad de la buena regulación», que no se proyecta únicamente sobre la actividad de los profesionales del Derecho, sino también sobre la vida de los ciudadanos e, incluso, sobre la economía del país. “La claridad del ordenamiento y la seguridad jurídica estimulan el comercio internacional y las inversiones, constituyendo indicadores relevantes en materia de competitividad económica», ha asegurado Fernández.
Por ello, “debemos insistir en la posición de la ley como manifestación política, cultural y jurídica que desempeña un papel clave en la conformación de la sociedad», ha concluido el secretario general técnico.
En las jornadas, en las que participan responsables del Ministerio de Justicia, personalidades del mundo académico y jurídico, y representantes de otros ministerios, se desarrollan un total de seis mesas redondas, en las que se abordarán las secciones del Derecho Civil, Mercantil, Público, Penal, Procesal, así como el papel de las secretarías generales técnicas como impulsoras del proceso legislativo.
También, en el marco de este encuentro, tendrá lugar un diálogo entre los presidentes de las salas Tercera y Cuarta del Tribunal Supremo, y de los presidentes de sección de la CGC sobre el papel y el futuro de este órgano superior colegiado de asesoramiento al Ministerio de Justicia”.
14 de julio:
“En su intervención, Llop ha puesto en valor el papel que desempeña la Comisión General de Codificación, que “es imprescindible para nuestro país y para nuestro ordenamiento», y ha destacado el “rigor técnico» que inspiran su trabajo.
En este sentido, la ministra de Justicia ha incidido en la importancia “quizás no tan conocida de la opinión pública, pero capital en la elaboración de las normas como es la fase prelegislativa, donde la Comisión aporta su indudable capital técnico, así como la vocación de protección y ampliación del ordenamiento como ingredientes indispensables a la labor de indirizzo político que el Gobierno realiza con el envío de proyectos para su adopción final por las Cortes Generales».
La ministra de Justicia no parece darse por enterada o aludida de las auténticas fechorías legislativas protagonizadas por el Gobierno en la legislatura que acaba de concluir.
La opinión oficial no es compartida por el Vocal de la Comisión General de Codificación e ilustre jurista, Nicolás González-Cuéllar, quien reprocha al Ministerio de Justicia el uso electoral de esta institución.
Asimismo, muy interesante es el artículo-denuncia del Magistrado Manuel Jaén Vallejo, en Confilegal: Comisión General de Codificación del Ministerio de Justicia: una institución infravalorada
Por último, también hay que recordar que el Ministerio de Justicia se niega a dar acceso a la “huella normativa” producida por la Comisión (“Huella normativa. El oscurantismo de la Comisión General de Codificación”).
Posts y artículos relacionados:
Defensa del Estado de Derecho en los programas electorales de PSOE y PP
La Comisión Europea se hace eco de las malas prácticas legislativas en España