En el “Informe sobre el Estado de Derecho en 2023. Capítulo sobre la situación del Estado de Derecho en España”[1] puede leerse lo siguiente:
“Existen salvaguardias que garantizan la consulta pública de los proyectos de ley del Gobierno, pero existen dudas sobre algunas prácticas procedimentales en las Cortes. El marco elaborado por el Gobierno para los proyectos de ley garantiza la transparencia y la participación de las partes interesadas. La ley también establece los ámbitos en los que los órganos constitucionales deben ser consultados cuando el Gobierno elabore un proyecto de ley. Sin embargo, estos requisitos no son obligatorios para las proposiciones de ley presentadas por los grupos parlamentarios. Se han notificado casos de utilización de las disposiciones transitorias de una norma legal para introducir modificaciones importantes en otra norma no relacionada, práctica que el Tribunal Constitucional viene criticando desde 2011, habiéndolo reiterado recientemente en un auto de diciembre de 2022. Las partes interesadas también han expresado su preocupación por el uso excesivo del procedimiento de urgencia para la aprobación de normas. Todas estas prácticas suscitan preocupación, ya que eluden los requisitos de consulta pública, evaluación de impacto y consulta a los organismos prescriptivos y pueden tener un impacto negativo en la calidad de la normativa. La calidad de la legislación es un factor importante para la confianza de los inversores y un motivo de preocupación acerca de la eficacia de la protección de las inversiones para el 46 % de las empresas en España”.
Por estas malas prácticas suceden estas cosas:
“Los tribunales han acordado 1.155 reducciones de pena en aplicación de la Ley Orgánica 10/2022
Las resoluciones han supuesto al menos 117 excarcelaciones
Autor: Comunicación Poder Judicial. 5 de julio de 2023.
Los tribunales han acordado al menos 1.155 reducciones de pena en aplicación de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, según los datos recabados hasta el día 1 de julio por el Consejo General del Poder Judicial del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, los Tribunales Superiores de Justicia y las Audiencias Provinciales. Estas resoluciones han supuesto al menos 117 excarcelaciones”.
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Decepcionante e intrascendente Informe de la Comisión Europea sobre el Estado de Derecho (2023)
[1] Documento de trabajo de los servicios de la Comisión Europea. https://commission.europa.eu/publications/2023-rule-law-report-communication-and-country-chapters_en 5 de julio de 2023.