El riesgo moral de las sentencias prospectivas

Entendemos por sentencia prospectiva, sobre todo en lo que concierne a la jurisdicción constitucional, aquella que limita los efectos temporales en su aplicación; moderando, limitando o eliminando así su efecto retroactivo.

Los partidarios de las sentencias prospectivas esgrimen en su fundamento el principio constitucional de seguridad jurídica y la defensa del erario público. Si las sentencias constitucionales, sobre todo en materia tributaria, no limitaran sus efectos, rara sería la ocasión –sobre todo en asuntos de gran importancia económica- en la que un tribunal constitucional declarara la inconstitucionalidad de un tributo, argumentan.

Este planteamiento choca con el concepto económico de riesgo moral  , en este caso del legislador.

Como ya sabemos, la Sentencia del Tribunal Constitucional del pasado 26 de octubre, por la que declara inconstitucional el Impuesto municipal de Plusvalía, según un borrador que circula de la misma, reduce prácticamente a la nada los efectos retroactivos de su declaración: «no pueden considerarse situaciones susceptibles de ser revisadas con fundamento en la presente sentencia aquellas obligaciones tributarias devengadas por este impuesto que, a la fecha de dictarse la misma, hayan sido decididas definitivamente mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada o mediante resolución administrativa firme. A estos exclusivos efectos, tendrán también la consideración de situaciones consolidadas (i) las liquidaciones provisionales o definitivas que no hayan sido impugnadas a la fecha de dictarse esta sentencia y (ii) las autoliquidaciones cuya rectificación no haya sido solicitada ex art. 120.3 LGT a dicha fecha

Por tanto, no pueden beneficiarse de la declaración de inconstitucionalidad todas las liquidaciones tributarias ya notificadas y no recurridas antes del 26 de octubre (aunque el plazo de recurso ordinario esté vivo), ni puede solicitarse la rectificación de autoliquidaciones y solicitud de devolución de ingresos indebidos, aunque el plazo de cuatro años del que dispone el sujeto pasivo para ello continúe vivo, si no lo ha hecho antes del 26 de octubre.

En un interesante artículo de hoy de Ignacio Ruiz-Jarabo, publicado en Vozpopuli.com (“Plusvalía municipal y el arbitrario Valor de Referencia”  ), este autor considera que “Hacienda va a inventarse una nueva forma de calcular la base del impuesto que será tan arbitraria y ficticia o más que la anulada por el Tribunal Constitucional… Vaya la apuesta relativa a lo que va a suceder con el Impuesto municipal. Me juego una ración de pulpo a la gallega prediciendo lo siguiente: el Ministerio de Hacienda va a inventarse una nueva forma de calcular la base del impuesto que será tan arbitraria y ficticia o más que la anulada por el Tribunal Constitucional. Y, una vez inventada, se nos hará pagar de forma tan ilógica como hasta ahora. Es posible que al cabo de unos años el Alto Tribunal anule el nuevo invento, pero todo lo que se nos haya cobrado hasta entonces, por mucho que se declare anticonstitucional, volverá a ser validado en atención a ese peculiar “sentido de Estado” que atenaza a los magistrados del Constitucional”.

Ello es consecuencia del referido riesgo moral. El ciudadano siempre pierde, aunque obre de buena fe, dado que existe un principio de fiabilidad del sistema legal .