“Actio nata” para la responsabilidad patrimonial del Estado legislador por el “modelo 720”

Ayer se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea la Sentencia del TJUE sobre el “modelo 720”:

Asunto C-788/19: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 27 de enero de 2022 — Comisión Europea / Reino de España [Incumplimiento de Estado — Artículo 258 TFUE — Libertad de circulación de capitales — Obligación de información sobre bienes o derechos poseídos en otros Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo (EEE) — Incumplimiento de esta obligación — Prescripción — Sanciones]

OJ C 119, 14.3.2022, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ C 119, 14.3.2022, p. 2–2 (GA)

Por tanto, hay que estar a lo dispuesto en el artículo 67.1 (Solicitudes de iniciación en los procedimientos de responsabilidad patrimonial) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

“…/…

En los casos de responsabilidad patrimonial a que se refiere el artículo 32, apartados 4 y 5, de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, el derecho a reclamar prescribirá al año de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» o en el «Diario Oficial de la Unión Europea», según el caso, de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma o su carácter contrario al Derecho de la Unión Europea”.

Recordar al lector que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunciará próximamente en el Caso: C-278/20. Comisión / España (Violación del Derecho de la UE por el legislador español). Y que esta sentencia afectará a las reclamaciones para el resarcimiento de los perjuicios ocasionados por el «Modelo720».

Como ya se ha dicho en este blog, la referida demanda por incumplimiento, presentada con arreglo al artículo 258 TFUE, se refiere a los artículos 32, apartados 3 a 6, y 34, apartado 1, segundo párrafo, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de 2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, y al artículo 67, apartado 1, tercer párrafo, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de 2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Según la Comisión Europea, “las disposiciones controvertidas han alineado el régimen de la responsabilidad del Estado legislador por violaciones de Derecho de la Unión al establecido para las violaciones de la Constitución española por actos del legislador, añadiendo ciertas condiciones de fondo.

La equiparación de los dos regímenes y los requisitos procesales que llevan aparejados hacen que la obtención de un resarcimiento por violaciones del Derecho de la Unión debidas al legislador español resulte imposible o excesivamente difícil, vulnerándose el principio de efectividad.

Por otra parte, las condiciones de fondo añadidas para las violaciones del Derecho de la Unión vulneran el principio de equivalencia, al someter el resarcimiento de daños provocados por el legislador español en infracción de ese Derecho a condiciones menos favorables que las aplicables cuando se trata de daños debidos a una violación de la Constitución española”.

Los perjudicados que decidan acudir a la vía de la acción de responsabilidad patrimonial deberán decidir si esperan al pronunciamiento del TJUE o si reclaman ahora, dejando constancia en este caso de la pendencia del asunto ante el TJUE y señalando que se deberán tener por no puestas (o no exigibles) las condiciones legales que el Tribunal europeo declare contrarias al Derecho comunitario. TIENEN UN AÑO POR DELANTE.