Transparencia europea y prevención respecto a conflictos de intereses en los órganos de la Unión Europea

 En un reciente  discurso pronunciado por la Defensora del Pueblo Europeo, Emily O´Reilly, en la Universidad de Flensburgo, reflexionando sobre el concepto de Estado de derecho, dijo, respecto a la función de la institución que representa que “no soy un juez, mi oficina no es un tribunal y no tomo decisiones vinculantes, pero intento asegurarme de que las instituciones de la UE combinen su retórica sobre el Estado de derecho, los valores democráticos, la responsabilidad y la transparencia con sus acciones en su trato con los ciudadanos”.

Refiriéndose a un interesante caso abierto, dijo que “hace dos semanas, después de insistir con la Autoridad Bancaria Europea, esa agencia tomó la valiente decisión de poner a disposición del público el registro de votaciones de los representantes de sus juntas directivas nacionales sobre infracciones regulatorias en relación con un importante banco europeo.

Como resultado, los cielos no han caído, sino que la rendición de cuentas se ha fortalecido junto con la confianza de los ciudadanos en la Autoridad Bancaria Europea, el organismo creado a raíz de la crisis financiera precisamente para restaurar la confianza de los ciudadanos en la regulación bancaria en la UE”.

Se refiere al Caso 615/2021/TE “Autoridad Bancaria Europea” :

“La negativa de la Autoridad Bancaria Europea (ABE) a conceder acceso público a las votaciones y debates de su Junta de Supervisores sobre una presunta infracción de la legislación de la UE por parte de las autoridades nacionales de supervisión

CASO 615/2021/TE – ABIERTO EL Jueves | 29 de abril de 2021 – INSTITUCIÓN CONCERNIDA Autoridad Bancaria Europea

El denunciante solicitó acceso público a la Autoridad Bancaria Europea (ABE) a documentos que mostraban detalles de los votos de la Junta de Supervisores de la ABE en relación con una investigación en la que constató que las autoridades nacionales habían infringido la legislación de la UE (“recomendaciones BUL») con respecto a la supervisión de dos bancos específicos. La EBA denegó el acceso a los documentos en cuestión. Al hacerlo, invocó una excepción prevista en las normas de la UE sobre acceso público a los documentos, argumentando que la divulgación de estos documentos socavaría gravemente su proceso de toma de decisiones y que no existe un interés público primordial en la divulgación de los documentos.

Sobre la base de su investigación, el Defensor del Pueblo envió una evaluación preliminar a la EBA, exponiendo sus conclusiones. En particular, el Defensor del Pueblo considera que la ABE no proporcionó motivos suficientes para denegar el acceso y debería haber revelado las actas de votación. También encontró que una práctica de transparencia proactiva debería aplicarse a las recomendaciones de BUL, como se aplica a la legislación de la UE en general. La evaluación preliminar también evaluó el procedimiento de toma de decisiones para las recomendaciones de BUL y las disposiciones para prevenir conflictos de intereses.

En respuesta, la ABE acordó publicar documentos relacionados con las dos decisiones controvertidas en este caso, pero no estuvo de acuerdo con las demás observaciones del Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo está evaluando la respuesta”.

Puede verse, sobre este asunto, la carta que remitió el 28 de octubre pasado el Presidente de la Autoridad Bancaria Europea, José Manuel Campa a la Defensora del Pueblo Europeo y que actualmente está siendo evaluada por ésta.

En la evaluación preliminar de la investigación de la Defensora del Pueblo se dice que la participación de los malteses, daneses y los miembros de la Junta de Estonia en las respectivas votaciones sobre las dos recomendaciones BUL en 2018 (Pilatus Bank) y 2019 (Danske Bank) constituyeron mala administración. La evaluación preliminar es que tal participación en la votación de las recomendaciones de BUL “que conciernen a las autoridades nacionales de supervisión que representan dichos consejeros”, constituye “un claro conflicto de intereses”.

Esperaremos a ver qué Conclusiones adopta la Defensora del Pueblo sobre este interesante asunto. 

NOTA: La Autoridad Bancaria Europea (ABE)   es una autoridad independiente de la UE que trabaja para garantizar un nivel efectivo y coherente de regulación y supervisión prudencial en todo el sector bancario europeo. Sus objetivos generales son mantener la estabilidad financiera en la Unión Europea (UE) y velar por la integridad, la eficiencia y el correcto funcionamiento del sector bancario.

La ABE forma parte del Sistema Europeo de Supervisión Financiera (SESF), que está compuesto por tres autoridades de supervisión: la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA), la Autoridad Bancaria Europea (ABE) y la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (EIOPA). El sistema también abarca a la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS), así como al Comité Mixto de las Autoridades Europeas de Supervisión y las autoridades nacionales de supervisión.