En junio de 2015, la ministra francesa Ségolène Royal, declaró públicamente lo siguiente:
«Hay que dejar de comer Nutella porque el aceite de palma ha sustituido a los árboles. Y eso ha producido daños considerables» al medio ambiente, señalaba recientemente la ministra francesa de Ecología, Ségolène Royal…”
A los dos días tuvo que pedir disculpas: «Mil disculpas por la controversia sobre Nutella».
Sobre este particular, dije entonces lo siguiente:
“Las declaraciones y la campaña iniciadas por la ministra del Gobierno francés suponen una infracción del Derecho de la Unión Europea por parte de dicho Gobierno, ya que son contrarias a las libertades comunitarias, especialmente a la libre circulación de mercancías; protegidas por los Tratados.
Si el Gobierno francés deseara la prohibición de un determinado producto (o de algún ingrediente) en el mercado por los motivos que fueren, debería hacerlo con respeto al Derecho de la Unión Europea y por los cauces legales establecidos, no mediante campañas de boicot como las descritas”.
Ahora (falta la ratificación del Consejo):
“El Parlamento aprueba una nueva ley para luchar contra la deforestación mundial
Aunque no se vetará a ningún país ni materia prima, las empresas solo podrán vender productos en la UE si el proveedor de los mismos ha emitido una declaración de «diligencia debida». Esta deberá certificar que el producto no procede de tierras deforestadas ni ha provocado degradación forestal, tampoco de bosques primarios irremplazables, después del 31 de diciembre de 2020.
Tal y como solicitó el Parlamento, las empresas también tendrán que demostrar que estos productos cumplen la legislación correspondiente del país productor, incluida la relativa a los derechos humanos, y que se han respetado los derechos de los pueblos indígenas afectados.
Productos incluidos en la ley
Los productos que cubre la nueva legislación son: el ganado, el cacao, el café, el aceite de palma, la soja y la madera, así como los productos que contengan, se hayan alimentado de o se hayan fabricado con estas materias primas (como el cuero, el chocolate y los muebles), tal y como figuraban en la propuesta original de la Comisión. Durante las negociaciones, la Eurocámara consiguió añadir el caucho, el carbón vegetal, los productos de papel impreso y una serie de derivados del aceite de palma.
El Parlamento también consiguió incluir una definición más amplia de degradación forestal que incluye la conversión de bosques primarios o bosques de regeneración natural en plantaciones forestales o en otras superficies boscosas”.
Origen de la iniciativa parlamentaria: En octubre de 2020, el Parlamento recurrió a la prerrogativa que le confiere el Tratado para pedir a la Comisión que presentara legislación para frenar la deforestación mundial impulsada por la UE. El acuerdo con los países de la UE sobre la nueva ley se alcanzó el 6 de diciembre de 2022.
Debe recordarse que, como ya señaló la Comisión Europea en su primer “Informe sobre el Estado de Derecho (2020)”:
“El Estado de Derecho está consagrado en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea como uno de los valores comunes a todos los Estados miembros. En un Estado de Derecho, todos los poderes públicos actúan siempre dentro de los límites fijados por la ley, de conformidad con los valores de la democracia y los derechos fundamentales, y bajo el control de órganos jurisdiccionales independientes e imparciales. El Estado de Derecho engloba los principios de legalidad, que implica un proceso de promulgación de leyes transparente, democrático, pluralista y sujeto a rendición de cuentas; seguridad jurídica, que prohíbe el ejercicio arbitrario del poder ejecutivo; tutela judicial efectiva por parte de órganos jurisdiccionales independientes e imparciales y control judicial efectivo, lo que incluye la protección de los derechos fundamentales; separación de poderes; e igualdad ante la ley. Estos principios han sido reconocidos por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Además, el Consejo de Europa ha elaborado normas y emite dictámenes y recomendaciones que ofrecen una orientación consolidada para promover y defender el Estado de Derecho”.