Sobre el Informe de la CEOE del que dimos cuenta ayer, es de interés el editorial del diario económico Cinco Días, de hoy, “La complejidad regulatoria no es gratis”, en el que puede leerse que
“El hecho de que en España coexistan tres niveles administrativos contribuye a multiplicar normas que pasan factura a la economía, los ciudadanos y el empleo.
Una economía de mercado necesita contar con una regulación sólida, eficiente, equitativa y adecuada a las necesidades de las empresas y de los consumidores. En ese sentido, el reto de un buen ordenamiento jurídico no es solo la calidad de las normas, sino también su simplicidad y su estabilidad, de forma que se regule lo que es necesario regular, pero que no se multipliquen normativas sobre una misma realidad ni se cargue a empresas y ciudadanos con una factura innecesaria tanto en tiempo como en dinero.
El hecho de que en España coexistan tres niveles administrativos contribuye a multiplicar leyes, reglamentos y ordenanzas y exige un esfuerzo extra para racionalizar la producción normativa. Abordar ese problema no solo beneficiará al empleo y a la inversión, sino que garantizará la unidad de mercado, evitará la proliferación de reinos de taifas regulatorios y ayudará a reducir una litigiosidad administrativa cuya factura pagamos todos”.
También es de interés el siguiente estudio de Mora-Sanguinetti, Juan S., publicado por el Banco de España: Sector-level economic effects of regulatory complexity: evidence from Spain.
Resumen
En este documento se estudia por primera vez el impacto de la complejidad regulatoria a escala sectorial en España en diversas medidas de eficiencia económica. El análisis se fundamenta en una innovadora base de datos que ha clasificado 206.777 normas españolas, tanto por sector de actividad como por comunidades autónomas, y que pone de manifiesto el creciente volumen de regulación, así como su diversidad por sector, a escala geográfica y por etapa del ciclo económico. Estudiamos en primer lugar los impactos económicos de la complejidad de la regulación sectorial de forma agregada en la relación empleo-población, las horas de trabajo totales, las participaciones sectoriales en el PIB, la intensidad de trabajo o la intensidad de capital. En segundo lugar, ahondamos en los impactos heterogéneos observados sobre las empresas con diferentes tamaños y edades, haciendo uso de una rica base de datos a escala empresarial: la Muestra Continua de Vidas Laborales. En el primer caso, estimamos un conjunto de especificaciones con efectos fijos múltiples a través de 13 sectores económicos, 23 clasificaciones legales por sector y las 17 comunidades autónomas durante el período 1995-2020. La evidencia sugiere que una mayor complejidad regulatoria tiene un efecto negativo sobre la tasa de empleo y un impacto negativo sobre el valor añadido. El efecto sobre el empleo es coherente con los hallazgos previos para Estados Unidos. En concreto, cada aumento del índice de la complejidad de regulación adicional se asocia con una caída del 0,7% en la cuota de empleo a escala sectorial, ceteris paribus. Además, nuestros resultados sugieren que se están produciendo varios efectos distorsionadores a escala sectorial: la intensidad de la mano de obra es notablemente menor y las tasas de inversión disminuyen como respuesta al aumento de regulación. Estos efectos distorsionadores se materializan a través de las diferencias de composición, principalmente mediante la reducción de los salarios y de la tasa de inversión. En el segundo caso, utilizando datos desagregados de empleo según las características de las empresas, mostramos que el impacto negativo de la complejidad de la regulación se concentra en las empresas más pequeñas y jóvenes. Así pues, este hallazgo apoya la hipótesis de que una normativa más compleja impone una carga que las empresas pequeñas y con menos experiencia están menos capacitadas para manejar. A escala sectorial, el grupo de sectores más afectado es el manufacturero. Esto puede estar relacionado con la mayor inversión requerida en esos sectores.
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