El Tribunal Constitucional retrasó injustificadamente, más de cinco años, la inaplicación por el Tribunal Supremo del bono social eléctrico, incompatible con el Derecho de la UE

En el día de ayer, la web del Poder Judicial colgó un comunicado bajo el título:

El Tribunal Supremo declara inaplicable el régimen de financiación del bono social establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre por ser incompatible con la Directiva 2009/72/CE

Se resume una reciente Sentencia del Tribunal Supremo que aún no ha sido publicada.

La Sentencia del Tribunal Constitucional 37/2019, de 26 de marzo, anuló la sentencia de 24 de octubre de 2016, de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo y el auto de 14 de diciembre de 2016, de la misma Sala y Sección, por el que se desestimó el incidente de nulidad de actuaciones promovido frente a la referida sentencia. El Tribunal Supremo se vio obligado, por el Constitucional, a plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE.

Tras el pronunciamiento del TJUE, el Tribunal Supremo dicta ahora su sentencia, en la que concluye que la regulación de la financiación del bono social establecida en el artículo 45.4 de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico es incompatible con la normativa europea (cosa que ya hizo en la referida sentencia del 24 de octubre de 2016).

En mi opinión, la STC 37/2019 contraviene el Derecho de la UE, al endurecer los requisitos del acto claro y, en particular, del acto aclarado; al establecer un doble canon de enjuiciamiento, según se pretenda inaplicar o no la norma nacional en virtud de la interpretación del Derecho de la UE. La referida sentencia constitucional realiza, en nuestra opinión, una desaforada aplicación de la doctrina Cilfit.

Creemos que el Tribunal Supremo actuó correctamente, pues motivó debidamente su sentencia aplicando jurisprudencia del TJUE, a tenor de lo establecido por el Tribunal de Justicia en su reciente Sentencia de 6 de octubre de 2021 (Asunto C‑561/19. Consorzio Italian Management):

  1. A este respecto, del sistema instaurado por el artículo 267 TFUE, interpretado a la luz del artículo 47, párrafo segundo, de la Carta, se deduce que, cuando un órgano jurisdiccional nacional cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno considera que queda dispensado de la obligación de plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia, conforme al artículo 267 TFUE, párrafo tercero, porque concurre una de las tres situaciones mencionadas en el apartado 33 de la presente sentencia, la fundamentación de su resolución debe poner de manifiesto bien que la cuestión de Derecho de la Unión que se haya planteado no es pertinente para la solución del litigio, bien que la interpretación de la disposición del Derecho de la Unión de que se trate se basa en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, o bien, a falta de tal jurisprudencia, que la interpretación del Derecho de la Unión se impone al órgano jurisdiccional nacional que resuelve en última instancia con tal evidencia que no deja lugar a ninguna duda razonable”.

Siguen plenamente vigentes las cuestiones planteadas por Daniel Sarmiento en este interesante artículo:

Los Tribunales Constitucionales como garantes de la obligación de plantear cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia