En las Conclusiones del 20 de mayo de 2022 de las XX Jornadas de presidentes de Audiencias Provinciales de España, se destacó que
“5. Es urgente que el legislador, a la vista de la normativa europea de protección de los consumidores y de la doctrina fijada por el TJUE, aborde una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil para adaptar nuestro derecho procesal a los principios comunitarios de equivalencia y efectividad.”
Recuerdo el reciente post del 17 de mayo de 2022:
Cuatro nuevas sentencias del TJUE sobre cláusulas abusivas
Desde hace tiempo el Tribunal de Justicia de la UE viene señalándole al legislador español las carencias de nuestras normas procesales en orden a asegurar el efectivo cumplimiento de las directivas comunitarias en materia de defensa de los derechos del consumidor, e indicándole a los jueces nacionales las medidas procesales que deben adoptar en orden a garantizar los derechos que las referidas directivas confieren al consumidor, aunque no estén contempladas en la legislación procesal española.
Considero que dichas “instrucciones” del TJUE suponen una anomalía jurídica, basada en un estricto principio de justicia material, que –en principio- deberían conducir a una mera declaración de incumplimiento, con la consiguiente obligación del Estado español de modificar sus leyes procesales.
Por ello, se hace muy necesario que el legislador español proceda a cumplimentar la petición de los presidentes de las audiencias provinciales.
¿Habrá tomado buena nota la señora ministra de Justicia?