El derecho de acceso a los documentos en la UE en 2021, según la Defensora del Pueblo Europeo

 Así resume este asunto la Defensora del Pueblo Europeo (Informe año 2021):

2.2. Acceso a documentos

Los ciudadanos de la UE tienen amplios derechos de acceso a los documentos en poder de las instituciones de la UE. El Defensor del Pueblo sirve como mecanismo de reparación para aquellos que enfrentan dificultades para acceder a estos documentos.

En 2021, un reclamante que buscaba acceso a mensajes de texto enviados por la presidenta de la Comisión Europea al director ejecutivo de una importante empresa farmacéutica puso de relieve si la administración de la UE registra mensajes de texto e instantáneos relacionados con el trabajo. El Defensor del Pueblo preguntó a la Comisión su política sobre este tema y cómo buscó los mensajes de texto mencionados por el demandante.

Hemos preguntado a varias instituciones y agencias de la UE qué medidas tienen para mantener registros de mensajes de texto e instantáneos relacionados con el trabajo, con el fin de elaborar una lista de buenas prácticas.

En una acción separada, el Defensor del Pueblo preguntó a ocho instituciones y agencias de la UE (la Comisión, el Consejo, el Parlamento, la Agencia Europea de Sustancias Químicas, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, la Agencia Europea de Medicamentos, Frontex y el Banco Central Europeo) qué medidas tienen para documentar mensajes instantáneos y de texto relacionados con el trabajo.

El Defensor del Pueblo tuvo acceso a quejas relacionadas con varias instituciones y órganos de la UE.

Durante una consulta sobre el acceso a los detalles de un contrato que la Comisión había firmado con una empresa farmacéutica para comprar vacunas contra la COVID-19, la Comisión publicó versiones redactadas del contrato y contratos similares con otras empresas farmacéuticas. En el contexto de una investigación del Defensor del Pueblo, la Agencia Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (EIOPA) acordó que las futuras actas de su Junta de Supervisores contendrán información sobre los votos de los miembros en relación con las decisiones sobre estándares regulatorios.

Otra agencia de la UE con un poder regulatorio importante, la Autoridad Bancaria Europeaacordó publicar los detalles de los votos de su Junta de Supervisores con respecto a una investigación sobre el incumplimiento de la ley de la UE por parte de las autoridades nacionales con respecto a la supervisión específica de dos bancos.

Se lograron buenos avances en una investigación sobre cómo procesa Frontex las solicitudes de acceso público a través de su portal en línea. Los reclamantes plantearon cuestiones en relación con la declaración de Frontex sobre los derechos de autor, los períodos de conservación de los documentos y la forma en que el portal de Frontex interactúa con otros portales en línea. La investigación continuó hasta 2022.

Desafortunadamente, la administración de la UE no siempre siguió las propuestas del Defensor del Pueblo en el acceso a las consultas de documentos. El Defensor del Pueblo detectó mala administración después de que la Comisión se negara a permitir el acceso a la información relativa a las importaciones de aceite de cocina usado. La Comisión dijo que, si bien recopila los datos solicitados, no produce documentos que extraigan la información solicitada por el denunciante y, por lo tanto, se negó a seguir una propuesta de solución hecha por el Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo también constató mala administración después de que la Comisión se negara a divulgar documentos relacionados con la compra de 1,5 millones de mascarillas médicas que no cumplían con los estándares de calidad exigidos. El Defensor del Pueblo señaló el gran interés público en divulgar dicha información.

En 2018, el Defensor del Pueblo puso en marcha un procedimiento acelerado para tramitar rápidamente las reclamaciones de acceso público a los documentos. Este procedimiento fue revisado en 2021 y mostró excelentes resultados, que incluyen:

Una disminución significativa en los tiempos de procesamiento.

Un aumento en el número de quejas de acceso a documentos.

Satisfacción general de las partes interesadas con el procedimiento Fast-Track.