Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, relativa a la protección de las personas que realizan actos de participación pública frente a las demandas judiciales manifiestamente infundadas o abusivas («demandas estratégicas contra la participación pública»). Bruselas, 27.4.2022. COM(2022) 177 final. 2022/0117(COD).
“Razones y objetivos de la propuesta
Las demandas judiciales manifiestamente infundadas o abusivas contra la participación pública (comúnmente denominados demandas estratégicas contra la participación pública o «DECPP») son un fenómeno reciente pero cada vez más frecuente en la Unión Europea. Las DECPP son una forma especialmente perniciosa de acoso e intimidación contra las personas implicadas en la protección del interés público. Se trata de procesos judiciales sin fundamento o exagerados, iniciados normalmente por personas poderosas, grupos de presión, empresas y órganos estatales contra partes más débiles que formulan críticas o comunican mensajes acerca de un asunto de interés público que resultan incómodos para los demandantes. Están dirigidos a censurar, intimidar y silenciar a las personas críticas imponiéndoles la carga económica de una defensa jurídica hasta que abandonen sus críticas u oposición. A diferencia de lo que sucede con las demandas normales, las DECPP no se interponen para ejercer el derecho de acceso a la justicia y con el propósito de que prospere la pretensión, ni tampoco para obtener resarcimiento. En lugar de esto, lo que se busca es intimidar a los acusados e ir agotando sus recursos. El objetivo último es lograr un efecto intimidatorio, silenciar a los acusados y disuadirlos de proseguir su trabajo.
Las víctimas más frecuentes de las DECPP son los periodistas y los defensores de los derechos humanos. Esto va más allá de las personas concretas, pues afecta también a los medios de comunicación, las editoriales y las organizaciones de la sociedad civil, como las que participan en el activismo medioambiental. También pueden ser objeto de estas demandas otras personas que realicen actos de participación pública, como los investigadores y los académicos.
Para que una democracia sea sana y pujante, es necesario que los ciudadanos puedan participar activamente en el debate público sin injerencias indebidas de las autoridades públicas u otros intereses poderosos. Para garantizar una participación efectiva, los ciudadanos deben tener acceso a información fiable que les permita formarse sus propias opiniones y ejercer su propio juicio en un espacio público en el que puedan expresarse libremente diferentes opiniones.
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«Participación pública»: toda declaración o actividad de una persona física o jurídica expresada o realizada en ejercicio del derecho a la libertad de expresión y de información en relación con un asunto de interés público, así como cualquier acción preparatoria, de apoyo o de asistencia directamente relacionada con dicha declaración o actividad. Esto incluye las reclamaciones, las peticiones, las demandas administrativas o judiciales y la participación en audiencias públicas”.
Interesante artículo sobre este asunto, de Elisa Torralba Mendiola:
¿Qué son las demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPPs)?