“III Señor, este Consejo tiene ante sí otro gran reto: defender la independencia judicial, piedra angular de nuestro Estado de Derecho. Es una de las funciones que el Consejo General del Poder Judicial debe desempeñar.
Ningún poder del Estado puede dar indicaciones ni instrucciones a los jueces y magistrados sobre cómo han de interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico. Solo aquellos Estados en los que la división de poderes está garantizada son realmente Estados de Derecho. De ahí la importancia de salvaguardar la independencia judicial frente a posibles injerencias externas.
El Poder Judicial es diseñado en nuestra Constitución como un auténtico Poder, al lado del ejecutivo y del legislativo, con su independencia blindada y con un órgano de gobierno propio con plena autonomía.
Son los vocales del Consejo General del Poder Judicial, designados en la forma prevista en la ley, los que deben elegir quién ha de Presidir el Tribunal Supremo y, por ende, del Consejo.
Los jueces y magistrados del poder judicial, de acuerdo con el art. 117 CE son independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.
Una misión del Consejo General del Poder Judicial es constituirse en baluarte de esos principios y de ese poder, dentro de la más estricta responsabilidad.
Quiero hacer proclamación expresa de mi compromiso y el del Consejo que presido con en el cumplimiento de esa función esencial de velar por la independencia judicial.
Las resoluciones judiciales son susceptibles de crítica y es, precisamente, la posibilidad de criticar -también las resoluciones judiciales- lo que hace a una sociedad libre, abierta y plural.
En derecho la discrepancia es posible, habitual, incluso podría decirse que es inherente al debate jurídico. Pero críticas y discrepancias nada tienen que ver con la descalificación o el insulto.
Quiero expresar mi apoyo a todos los jueces de este país: Podéis contar con el respaldo del Consejo General del Poder Judicial…
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V. En esta nueva etapa que hoy se inicia quiero hacer un llamamiento a las diferentes fuerzas políticas y a los poderes del Estado para respeten el trabajo que los jueces y magistrados realizan. Las posibles irregularidades que pudieran producirse en el ejercicio de la función jurisdiccional tienen sus propios mecanismos de corrección a través de las vías de impugnación previstas en las leyes procesales.
Este llamamiento no significa que debamos ser inmunes a la crítica, que, precisamente, nos ayuda a mejorar; pero sí apela a la necesidad de evitar ataques injustificados, que pueden llegar a socavar la legitimidad y la reputación de la Administración de Justicia o de sus integrantes.
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