La Comisión Europea ha publicado hoy el tercer Informe anual sobre el estado de derecho.
Dice la Comisión que el Informe “Incluye una descripción general de las tendencias en la UE en su conjunto y 27 capítulos de países, que analizan los desarrollos en cada Estado miembro desde julio de 2021. El informe de este año contiene por primera vez recomendaciones específicas dirigidas a cada Estado miembro, como anunció la presidente von der Leyen en su discurso sobre el Estado de la Unión de 2021. Las recomendaciones tienen por objeto animar a los Estados miembros a llevar adelante las reformas en curso o planificadas y ayudarles a identificar dónde se necesitan mejoras”.
Considero inadecuada la forma de abordar los importantes problemas que respecto al Estado de Derecho se puedan plantear en Europa y que debe analizar la Comisión, pues se mezclan asuntos menores con los verdaderos problemas que afectan al Estado de Derecho y en los que debe intervenir Europa, según el Artículo 7 del Tratado (“1. A propuesta motivada de un tercio de los Estados miembros, del Parlamento Europeo o de la Comisión, el Consejo, por mayoría de cuatro quintos de sus miembros y previa aprobación del Parlamento Europeo, podrá constatar la existencia de un riesgo claro de violación grave por parte de un Estado miembro de los valores contemplados en el artículo 2 (que incluye el principio de Estado de Derecho). Antes de proceder a esta constatación, el Consejo oirá al Estado miembro de que se trate y por el mismo procedimiento podrá dirigirle recomendaciones”).
Por tanto, no se pueden mezclar asuntos que afectan a la raíz del Estado de Derecho, como el buen funcionamiento de instituciones tales como el Consejo General del Poder Judicial o del Tribunal Supremo (caso español), con la formación para periodistas sobre la justicia española, por ejemplo. En este caso, el bosque no deja ver los árboles que se están cayendo.
No creo que esta sea una fórmula válida para poner en sus justos términos la gravedad de los problemas que relata y reitera el Comunicado del Consejo General del Poder Judicial del pasado 11 de julio:
El Pleno del CGPJ ha decidido también remitir tanto al Congreso como al Senado el acuerdo adoptado el pasado 27 de junio por la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo. Dicho acuerdo es el siguiente: “La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo ha acordado dirigirse al Consejo General del Poder Judicial para que transmita al Congreso de los Diputados y el Senado su honda preocupación porque la falta de renovación del Consejo y la imposibilidad legal de realizar nombramientos discrecionales, están creando una situación que, de continuar, será insostenible. El paulatino aumento de vacantes que no pueden ser cubiertas merma la capacidad del Tribunal Supremo de cumplir la función que la Constitución y las leyes le encomiendan y en no mucho tiempo supondrá dificultades extraordinarias para su funcionamiento”.
El Capítulo relativo a España del Informe de la Comisión:
“RESUMEN
La justicia española ha seguido experimentando importantes desarrollos. El hecho de que la renovación del Consejo de la Judicatura está pendiente desde diciembre de 2018 sigue representando una inquietud. En este contexto, ha habido nuevos llamamientos para modificar el sistema de nombramiento del Consejo, en línea con los estándares europeos para que no menos de la mitad de los jueces-miembros sean elegidos por sus pares. Se adoptaron modificaciones legales con el fin de aumentar la transparencia de las relaciones entre el Gobierno y el Fiscal General, mientras continúan las preocupaciones sobre que se mantenga la coincidencia en el mandato del Fiscal General y del Gobierno. El Comité de Ética Judicial emitió dictamen sobre los deberes éticos de los jueces que regresan a sus funciones judiciales después de haber ocupado cargos políticos. Se está avanzando en lo que respecta a la calidad del sistema de justicia, como la implementación de medidas que faciliten el acceso a justicia de las personas con discapacidad. La reforma del Código Procesal Penal y la ley sobre el derecho de defensa están progresando. La digitalización de la justicia está muy avanzada y se están corrigiendo las deficiencias. Continúan los esfuerzos para abordar los desafíos relacionados con los recursos del poder judicial. La duración de los procedimientos sigue siendo un desafío, aunque están en curso proyectos de ley destinados a mejorar la eficiencia del sistema de justicia.
España sigue implantando un conjunto de medidas para luchar y prevenir la corrupción. La adopción de un Plan Nacional Anticorrupción que se espera contribuya a la creación de una política integral para prevenir y reducir la corrupción. Si bien los recursos han sido dentro de los servicios de fiscalía, la investigación y el enjuiciamiento de altos cargos, la corrupción sigue siendo una preocupación, ya que los procedimientos continúan siendo largos y complejos. En cuanto a la prevención de la corrupción, España sigue desarrollando un sólido marco de integridad para la administración pública, incluso para prevenir conflictos de intereses y normas de incompatibilidad. Se están ultimando un Proyecto de Ley de Transparencia e Integridad de los Grupos de Interés y un Proyecto de Ley para prevenir los conflictos de interés en el sector público. Se espera que la legislación sobre la protección de los denunciantes sea adoptada pronto por el Gobierno. La Oficina de Conflictos de Intereses ha intensificado su rol brindando ética actividades de orientación y capacitación a funcionarios públicos.
El marco legislativo general en materia de libertad y pluralismo de los medios de comunicación sigue siendo sólido y estable. Una ley destinada a transponer la revisión de 2018 de la Directiva de los Servicios de Medios Audiovisuales, que incluiría nuevas disposiciones legales sobre la transparencia de los medios audiovisuales propiedad de los medios de comunicación, ha sido adoptada. Sin embargo, persisten desafíos en relación con la transparencia de la propiedad de los medios escritos y la autonomía operativa y de recursos del Regulador Audiovisual. Se está trabajando para fortalecer el acceso a la información. El Gobierno continua con la implementación de un acuerdo destinado a facilitar el trabajo de información profesionales, mientras que los periodistas han seguido enfrentando algunos desafíos.
Una serie de órganos constitucionales necesarios en el sistema de frenos y contrapesos, incluidos el Defensor del Pueblo, vio a sus miembros designados por el Parlamento, lo que puso fin a retrasos sustanciales. El Tribunal Constitucional emitió dos decisiones revisando la emergencia Medidas adoptadas para combatir la pandemia del COVID-19. Una serie de iniciativas encaminadas a aumentar participación pública en la elaboración de políticas y reforzar la cooperación entre el público la administración y la sociedad civil están en curso. La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, que sigue planteando preocupaciones incluso por parte de la sociedad civil, está pendiente en el Parlamento. Se realizarán actividades para promover una cultura del estado de derecho, en particular el lanzamiento de un programa de formación para periodistas sobre la justicia española.
RECOMENDACIONES
Además de recordar los compromisos asumidos en el marco del Programa Nacional de Recuperación y Resiliencia. Plan relativo a determinados aspectos del sistema de justicia, se recomienda a España:
- Fortalecer el estatuto del Fiscal General, en particular en lo que se refiere a la separación del mandato del Fiscal General del Gobierno, teniendo en cuenta las normas europeas sobre independencia y autonomía de la acusación.
- Proceder a la renovación del Consejo de la Judicatura con carácter prioritario e iniciar, inmediatamente después de la renovación, un proceso con vistas a adecuar el nombramiento de sus jueces-miembros, teniendo en cuenta las normas europeas.
- Continuar los esfuerzos para presentar legislación sobre cabildeo, incluido el establecimiento de un registro público obligatorio de cabilderos.
- Abordar los desafíos relacionados con la duración de las investigaciones y los enjuiciamientos para aumentar la eficiencia en el manejo de casos de corrupción de alto nivel.
- Asegurar los recursos adecuados para que la autoridad nacional reguladora de los medios audiovisuales fortalezca sus actuaciones, teniendo en cuenta las normas europeas sobre la independencia de los reguladores de los medios, en particular en lo que respecta a la adecuación de los recursos.
- Seguir trabajando para fortalecer el acceso a la información, en particular a través de la revisión de la Ley de Secretos Oficiales.”