Increíble, pero cierto.
El Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España y el Decanato Autonómico de los Registradores de Madrid han concedido al Ministerio de Justicia el XII Premio Gumersindo de Azcárate, en reconocimiento a su función como pilar del Estado de derecho.
La vicepresidenta de la Comisión Europea, Věra Jourová, ha tenido que venir a España para decirnos que ya está bien, que es urgente renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que es igualmente necesario estudiar la reforma del sistema de elección de los vocales del CGPJ.
El Presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, le ha dicho a la Comisaria que “la urgencia en la renovación viene también determinada por las consecuencias de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 4/2021, de 29 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 1/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para el establecimiento del régimen jurídico aplicable al Consejo General del Poder Judicial en funciones. La norma está provocando graves disfunciones en el Tribunal Supremo -que ya cuenta con 14 vacantes en su planta de magistrados- y afecta también a la renovación del Tribunal Constitucional, al no poder designar el CGPJ a los dos magistrados que le corresponden”.
Supongo que también le habrá informado del colapso al que está sometido el Tribunal Supremo por obra del Ministerio galardonado: