Artículo en El imparcial, de conveniente lectura:
“Legislar ordinariamente por decreto, un abuso inconstitucional”.
Como la XV legislatura acaba de comenzar, con evidente mal pie desde el punto de vista de la forma antidemocrática de legislar, conviene traer a colación las palabras del Grupo Parlamentario Vasco al final de la XIV legislatura; pues si este grupo parlamentario, que da su apoyo al Gobierno, no dice ahora nada al respecto, tendremos que considerar que las referidas palabras eran de cara a la galería, puro histrionismo parlamentario:
Debate, en el Congreso de los Diputados[1] de la convalidación del Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio:
En representación del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), el señor Legarda Uriarte:
“… si bien en esta XIV (legislatura) el decreto ley ha sido una forma ordinaria de legislar.
No cuestionamos que durante la pandemia se haya hecho uso de esta forma de legislar con carácter general o que se mantuviera para determinados supuestos a raíz de la crisis de las cadenas logísticas o con ocasión de las consecuencias por la guerra de Ucrania, pero lo que no tiene justificación, desde nuestro punto de vista, es el uso abusivo de este procedimiento por el Poder Ejecutivo para eludir la tramitación ordinaria de una iniciativa legislativa tanto en sede del Poder Ejecutivo como del Legislativo, tal como ha venido sucediendo —decía— en esta XIV Legislatura, situación que se agrava cuando, como en el presente caso, el Gobierno aprueba el decreto ley una vez convocadas las elecciones, mezclando en el mismo texto la prórroga del escudo social hasta fin de año con otras cuestiones impropias de un decreto ley en las circunstancias en las que nos encontramos. Y esa mezcla de asuntos —tengo que decirlo— no es ingenua, la venimos viendo durante toda la legislatura y tiene por finalidad dificultar la no convalidación en el trámite parlamentario del decreto ley, ya que el debate de convalidación se produce sobre la totalidad del decreto. En definitiva, se mezclan cuestiones sociales o de otra índole, pero de tratamiento indubitado por decreto ley, con otras que no lo son, y que en un proyecto de ley podrían tener dificultades por su propio contenido, para que sobre estas no quepa debate, pues, si se rechazan, se rechazan también aquellas otras regulaciones que normalmente tienen un gran impacto social.
Es cierto que se podría alegar que cabe la convalidación del decreto ley y su tramitación como proyecto de ley para debatir sobre cualquier aspecto de este, pero aquí también hago dos observaciones. Sobre la tramitación como proyecto de ley, en esta legislatura nos hemos cansado de ver el bloqueo de estos proyectos de ley con el expediente de prorrogar sine die el trámite de enmiendas. En definitiva, una vez convalidado un decreto ley, usando el gancho de parte de su contenido por su alto impacto social, ya no hay modo de debatirlo como proyecto de ley si, en su caso, así se acordó junto a la convalidación. Pero, es más, en ocasiones, como el caso que nos ocupa, ni siquiera es posible tramitar el decreto ley como un proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, ya que esta Diputación Permanente, como órgano de continuidad de la Cámara, en los casos de disolución o extinción del mandato del Congreso, como ahora acontece, ha de aplicar el principio de caducidad, en virtud del artículo 207 del Reglamento, si se acordara la tramitación del decreto ley como proyecto de ley, como así ha sucedido en anteriores legislaturas, en concreto, en la XII.
Señorías, el Grupo Parlamentario Vasco considera una auténtica anomalía en el sistema parlamentario el uso indiscriminado de los decretos leyes por el Gobierno, tal y como ha sucedido en esta legislatura y del que es buen exponente el que ahora debatimos, usando asuntos gancho de alto interés social para dar cobertura y posibilitar el arrastre a otros contenidos y así evitar la ordinaria elaboración de proyectos de ley y su posterior debate y tramitación en las Cortes o, como alternativa, su tramitación como decretos leyes independientes.
La XV Legislatura debe ser el momento para que este improcedente y, a nuestro juicio, desleal modo de proceder del Gobierno se erradique de nuestro sistema parlamentario y para que también dejen de bloquearse durante la tramitación parlamentaria iniciativas legislativas por el procedimiento de prorrogar indefinidamente, semana tras semana, los plazos para enmiendas”.
En representación del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, el señor De Olano Vela:
“El Gobierno trae a convalidar otro real decreto que resulta ser el epítome de la forma de legislar del sanchismo durante estos cuatro años. Es un real decreto ómnibus de 224 páginas que afecta a 55 materias diferentes, la mayoría inconexas entre sí, deroga una ley, modifica otras 47 y traspone 5 directivas europeas. Como siempre, un totum revolutum que nos obliga a votar en bloque, sin que tengamos la posibilidad de entrar al detalle de lo que nos piden convalidar. De hecho, solo podríamos dedicarle apenas diez segundos a cada una de las leyes modificadas y el señor Bolaños, que lo ha presentado, no ha dedicado ni un segundo a cada una de estas modificaciones.
Este es un disparate más, que esperemos que sea el último en mucho tiempo, un disparate que representa perfectamente cómo entienden ustedes la separación de poderes, el desprecio al Parlamento y a su función legislativa, el desprecio a la labor de los diputados, a los que ustedes hurtan una de nuestras funciones principales, como es la posibilidad de modificar los textos legales mediante enmiendas, y la no evaluación previa de las consecuencias de sus iniciativas, que después, tarde y mal, tienen que modificarlas, como ocurre con este real decreto. Además, hemos escuchado al señor Bolaños presumir de ser los últimos de la Unión Europea en recuperar el PIB prepandemia o afirmar que, en el caso de la pobreza, tenemos el mejor dato desde 2013, cuando el INE lo que dice es que tenemos el peor dato desde 2008.
…/…
Es verdad que esta legislatura pasará a la historia, señor Bolaños, pero pasará a la historia, sin duda, por ser una en las que peor calidad legislativa ha habido en nuestra democracia, y eso ha sido responsabilidad suya y de los grupos que le apoyan. Respecto a las trasposiciones de directivas, llegan tarde todas ellas; las cinco están con un procedimiento de infracción abierto por parte de la Unión Europea. Además, dejan ustedes pendientes más de 50 casos de infracción activos relacionados con la trasposición de directivas o casos de no conformidad de las disposiciones españolas, y eso coloca a España como el país que tiene más procedimientos de infracción pendientes en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea”.
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[1] Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, nº 274. Sesión de la Diputación Permanente núm. 12, celebrada el miércoles 26 de julio de 2023.