¿Conoce usted el procedimiento de infracción del Derecho de la Unión Europea?

De forma sucinta, la Comisión Europea suele explicarlo cuando da cuenta de los paquetes de procedimientos de infracción. Así, en el reciente paquete de febrero de 2022:

¿Cuáles son las distintas fases de un procedimiento de infracción?

En virtud del artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), la Comisión, como guardiana de los Tratados, podrá perseguir a los Estados miembros que incumplan las obligaciones que les incumben de acuerdo con el Derecho de la Unión.

El procedimiento de infracción comienza con el envío al Estado miembro de que se trate de una solicitud de información («carta de emplazamiento») a la que éste deberá responder en un plazo determinado, normalmente dos meses.

Si la Comisión no está satisfecha con la información recibida y concluye que el Estado miembro en cuestión incumple las obligaciones que le incumben en virtud del Derecho de la Unión, la Comisión podrá pedirle formalmente (a través de un «dictamen motivado») que las cumpla, instándole a informar, en un plazo fijado normalmente en dos meses, acerca de las medidas de cumplimiento adoptadas.

Si el Estado miembro persiste en el incumplimiento del Derecho de la UE, la Comisión puede decidir llevar el asunto ante el Tribunal de Justicia. Sin embargo, en cerca del 95 % de los casos de infracción, los Estados miembros cumplen las obligaciones que les incumben en virtud del Derecho de la Unión antes de que se les lleve ante el Tribunal. Si el Estado miembro resulta condenado mediante sentencia del Tribunal, deberá tomar las medidas necesarias para dar cumplimiento a tal sentencia.

En caso de que los Estados miembros no incorporen las directivas en el plazo acordado por el Consejo de Ministros de la UE y el Parlamento Europeo, la Comisión puede pedir al Tribunal que imponga sanciones financieras a los Estados miembros en cuestión una vez dicte la primera sentencia sobre el asunto. Esta posibilidad, introducida por el Tratado de Lisboa, está prevista en el artículo 260, apartado 3, del TFUE.

¿Qué sucede cuando un Estado miembro no ejecuta la sentencia del Tribunal?

Si, a pesar de la primera sentencia, el Estado miembro sigue sin adoptar las medidas adecuadas, la Comisión podrá abrir otro procedimiento de infracción de conformidad con el artículo 260 del TFUE, previo envío de un apercibimiento por escrito antes de llevar al Estado miembro de nuevo ante el Tribunal.

Si la Comisión lleva de nuevo a un Estado miembro ante el Tribunal, podrá proponer que éste imponga sanciones financieras al Estado miembro en cuestión en función de la duración y la gravedad de la infracción, así como del tamaño del Estado miembro. Estas sanciones financieras se componen de dos elementos:

  • una suma a tanto alzado basada en el tiempo transcurrido desde la primera sentencia del Tribunal;
  • y una multa diaria a partir de la fecha de la segunda sentencia y hasta que finalice la infracción.

¿Quién adopta la decisión final sobre las sanciones?

Las sanciones financieras son propuestas por la Comisión y el Tribunal podrá modificar el importe en su sentencia.

¿Cuál es el papel de la Comisión?

La Comisión es la guardiana de los Tratados. Su función y obligación es garantizar la protección del interés público. El procedimiento se rige por el Tratado (etapas, plazos) y puede requerir llevar a los Estados miembros ante el Tribunal de Justicia Europeo.

La decisión de incoar un procedimiento de infracción contra un Estado miembro será adoptada por el Colegio, sobre la base de un análisis jurídico preciso e imparcial, realizado por los servicios de la Comisión de los documentos y datos presentados por las partes, y las denuncias, sean cuales sean.

Las decisiones de la Comisión relativas a las infracciones se recogen una vez al mes en el marco de un proceso general que implica a distintas políticas. Dichas decisiones se harán públicas”.

Debe tener en cuenta el atento lector que los plazos a los que alude la Comisión, relativos a la tramitación del procedimiento de infracción, no se cumplen en la mayoría de los casos. No es inusual que un procedimiento dure AÑOS.

Puede verse:

El procedimiento de infracción del Derecho de la Unión”.

La facultad discrecional de la Comisión Europea en los procedimientos de infracción por no transposición en tiempo y forma del Derecho europeo: aspectos críticos”.

En este paquete de procedimientos de febrero se da cuenta de un interesante asunto referido al Reino Unido (que ya no está en la UE), ya en fase contenciosa ante el Tribunal de Justicia de la UE:

Cooperación leal y primacía del Derecho de la UE: la Comisión lleva al REINO UNIDO ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por una sentencia de este país que permite la ejecución de un laudo arbitral que concede ayuda estatal ilegal

La Comisión ha decidido remitir al Reino Unido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación con una sentencia del Tribunal Supremo de este país, de 19 de febrero de 2020, que permite la ejecución de un laudo arbitral que condena a Rumanía a pagar una indemnización a los inversores, a pesar de la decisión de la Comisión de 2015, en la que se determinó que la indemnización infringía las normas de la UE sobre ayudas estatales. Según el Tribunal Supremo del Reino Unido, sobre la base del artículo 351 del TFUE, las obligaciones del Reino Unido en virtud del Derecho de la UE vigentes por entonces no suponían un obstáculo para su supuesta obligación internacional de reconocer y ejecutar el laudo arbitral en virtud del Convenio Internacional sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. Cuando el Tribunal Supremo del Reino Unido dictó su sentencia, había litigios pendientes relativos a la validez de la decisión de la Comisión de 2015 ante los Tribunales de la Unión. La Comisión considera que, con dicha sentencia, el Reino Unido: i) incumplió el principio de cooperación leal, al pronunciarse sobre una cuestión jurídica ya planteada ante los tribunales de la Unión; ii) infringió el artículo 351del TFUE, al interpretar y aplicar erróneamente esta disposición en las circunstancias antes mencionadas; iii) infringió el artículo 267 del TFUE, al abstenerse de plantear una remisión prejudicial al Tribunal de Justicia sobre la aplicación del artículo 351 del TFUE; iv) infringió el artículo 108, apartado 3, del TFUE, al no respetar, en relación con la ejecución del laudo arbitral, el efecto suspensivo de la decisión de la Comisión, de 2014, de incoar un procedimiento de investigación formal sobre las ayudas estatales. La Comisión considera que la sentencia del Tribunal Supremo del Reino Unido tiene implicaciones para la aplicación del Derecho de la UE a las diferencias en materia de inversiones, y que el reconocimiento y la ejecución, por parte de los órganos jurisdiccionales del Reino Unido, de dichos laudos arbitrales, es incompatible con el Derecho de la Unión. En este contexto, la Comisión ha incoado recientemente procedimientos de infracción contra los Estados miembros que no han puesto fin a sus acuerdos bilaterales de inversión entre Estados miembros. Por tanto, la Comisión ha decidido llevar al Reino Unido ante el Tribunal de Justicia. En virtud del artículo 87 del Acuerdo de Retirada, la Comisión podrá, en un plazo de cuatro años a partir del final del período transitorio, incoar un procedimiento ante el Tribunal de Justicia si considera que el Reino Unido ha incumplido alguna de las obligaciones que le incumben en virtud de los Tratados antes del final del dicho período. De conformidad con las disposiciones del artículo 89 del Acuerdo de Retirada, las sentencias del Tribunal de Justicia en tales procedimientos son vinculantes en su totalidad para y en el Reino Unido. Puede obtenerse más información a este respecto en el comunicado de prensa correspondiente”.