Albares da la matraca a la presidenta del Parlamento Europeo sobre las lenguas cooficiales

Según información oficial, parece que el ministro de Asuntos Exteriores español, señor Albares, recibió a la presidenta del Parlamento Europeo para impulsar el uso de las lenguas cooficiales en el Parlamento Europeo:

Albares recibe a Metsola para impulsar el uso de las lenguas cooficiales en el Parlamento Europeo

Es decir, según dicha noticia oficial, la señora Metsola acudió al Ministerio para escuchar la petición del ministro.

Según Europa Press:

Albares aborda con Metsola la petición de que se usen las lenguas cooficiales en la Eurocámara

En dicha información puede leerse que el ministro realizó, en septiembre de 2022, una petición al Parlamento Europeo en tal sentido.

Con relación a dicho asunto, y como hemos comentado en otro post (El Parlamento Europeo se inhibe en el asunto de la ampliación de las lenguas oficiales de la UE a las cooficiales españolas) el Parlamento Europeo, a través de una decisión de su Comisión de Peticiones, acaba de decidir inhibirse en el tema, al considerar que es una competencia que corresponde, en exclusiva, al Consejo. Así, puede leerse en la respuesta de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo a la petición n.º 0937/2023, después de verificar que “el asunto que usted plantea entra dentro de los ámbitos de actuación de la Unión Europea”:

“El Consejo fija el régimen lingüístico de las instituciones de la UE mediante reglamentos, por unanimidad, de conformidad con el artículo 342 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Las normas se estipulan en el Reglamento n.º 1, que establece que las instituciones tienen veinticuatro lenguas oficiales. El inglés sigue siendo una lengua oficial de la Unión, a pesar de la retirada del Reino Unido. Se mantiene como lengua oficial y de trabajo de las instituciones de la Unión mientras así figure en el Reglamento n.º 1. Además, el inglés es una de las lenguas oficiales de Irlanda y Malta. El Reglamento n.º 1 también establece normas sobre las lenguas en las que debe redactarse y publicarse el Derecho de la Unión, así como normas sobre las lenguas en las que deben estar los documentos que se remitan entre las instituciones de la Unión y el público, o entre las instituciones de la Unión y sus Estados miembros. Las instituciones de la Unión también tienen derecho a determinar cómo aplican estas normas en su seno.

El servicio jurídico del Consejo está en este momento preparando un informe sobre este tema.

Debido a ello, nuestra comisión ha decidido dar por finalizado el examen de su petición”.

Por tanto, dicha respuesta, si no se quiere ser incongruente, es la que el Parlamento Europeo debería trasladar al Gobierno español.

No obstante, en mi opinión, aunque el Consejo tenga competencia exclusiva en este asunto, entiendo que el Parlamento Europeo podría haber manifestado una opinión política al respecto, con ocasión del examen de la petición.