En su Informe sobre el anteproyecto de ley de Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia, aprobado por unanimidad del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, se realizan estas importantes apreciaciones sobre la Inteligencia artificial:
“El informe analiza de forma detallada la regulación que hace el anteproyecto de la incorporación de modelos de inteligencia artificial a la tramitación electrónica de los procedimientos judiciales y al dictado de las resoluciones judiciales.
Tras recordar que la Comisión Europea ya ha advertido del riesgo que supone la incorporación de la inteligencia artificial a la Justicia, el Pleno recuerda la importancia de contar con una regulación completa y garantista en la que, a diferencia de lo que prevé el anteproyecto, el CGPJ juegue un papel determinante en su condición de órgano de gobierno del Poder Judicial y como garante de la independencia constitucionalmente garantizada de jueces y magistrados. El informe afirma que pueden verse afectados el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho de los ciudadanos a obtener resoluciones fundadas dictadas por un “juez-persona”.
El Pleno ha acordado también hoy introducir una nueva conclusión que señala que en el anteproyecto “se echa en falta la determinación de los criterios de utilización de la jurimetría y de la inteligencia artificial por parte de empresas y particulares a partir de bases de datos, incluso aquellas configuradas por este órgano constitucional; el cual habrá de tener la necesaria participación en la determinación de tales criterios de uso”.
El Informe del CGPJ denuncia un nuevo ninguneo por parte del Gobierno hacia el órgano de gobierno de uno de los tres poderes del Estado:
“En el texto objeto de informe las potestades y funciones de este órgano de gobierno del Poder Judicial, al que corresponde la garantía institucional de la independencia en el ejercicio de la potestad y de la función jurisdiccional, aparecen difuminadas, si no abiertamente eludidas o preteridas, en el marco tecnológico que diseña la ley proyectada, en lo que no es sino un hito más de un proceso de desapoderamiento que arranca en la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, y continúa con la Ley Orgánica 4/2018, de 28 de diciembre”.
A lo mejor es que se pretende sustituir al CGPJ por un robot, a ser posible tonto.
Puede verse mi artículo en Hay Derecho:
Marbury vs. Madison. Juez ponente: R2-D2 (con voto particular discrepante de C-3PO)