Mientras tanto, la Comisión Europea lleva casi tres años y medio “estudiando” si la rebaja en España de las penas en el delito de malversación respeta la legislación europea. El comisario que estaba encargado de este asunto y que se comprometió en su día ante el Parlamento Europeo a estudiarlo, está siendo investigado en su país por blanqueo de capitales.
El Parlamento ha dado luz verde a la nueva normativa de la UE contra la corrupción
- Primer marco penal comunitario para luchar contra la corrupción
- Definiciones y niveles de sanción armonizados para los delitos de soborno, apropiación indebida y enriquecimiento ilícito, entre otros
- Estrategias nacionales de lucha contra la corrupción e intercambio de datos a escala de la UE
- Cooperación reforzada con las agencias y organismos de la UE
Falta que la Directiva sea adoptada formalmente por el Consejo antes de entrar en vigor veinte días después de su publicación en el Diario Oficial de la UE. Los Estados miembros dispondrán entonces de veinticuatro meses para trasladar los cambios a la legislación nacional, a excepción de las disposiciones sobre evaluaciones de riesgos y estrategias nacionales, para las que tendrán treinta y seis meses.
La Directiva establece normas mínimas relativas a la tipificación de los delitos y las sanciones penales y no penales en el ámbito de la corrupción, así como medidas para prevenir y combatir mejor la corrupción.
Según la Directiva, si bien la misma respeta plenamente todas las disposiciones pertinentes de las constituciones nacionales, los principios constitucionales y las leyes nacionales, se hace hincapié en que proteger indebidamente a las personas —en particular a las que ocupan cargos públicos— de la rendición de cuentas por delitos de corrupción podría socavar la confianza de los ciudadanos de manera incompatible con los objetivos de la presente Directiva.
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