En mi opinión, el vaso está medio vacío. Hay que tener en cuenta que las resoluciones del Consejo de Transparencia se dictan pasado, con creces, el plazo de tres meses establecido por la ley para resolver. Hay asuntos que llevan más de un año sin resolver. Como dice el presidente: “el retraso en proporcionar la información genera una pérdida de valor de la misma”. Esto es también aplicable al retraso en resolver por parte del Consejo, del que se beneficia la Administración morosa.
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Por un lado, el elevado número de casos en que los sujetos obligados no contestan en plazo a las solicitudes de información pública que, por tanto, resultan desestimadas por silencio administrativo. Aproximadamente un tercio de las reclamaciones en el ámbito estatal y hasta tres tercios en el ámbito de las administraciones autonómicas y locales que tramita el Consejo se presentan por este motivo. Aunque en el ámbito estatal, en algo más de la mitad de estos casos se acaba concediendo la información durante la tramitación de la reclamación -tras la intervención del Consejo-, “no deja de ser una práctica administrativa muy criticable por distintas razones: porque se obliga al solicitante a reclamar para ver efectivamente reconocido su derecho, porque se consumen innecesariamente recursos públicos y porque, en muchos casos, el retraso en proporcionar la información genera una pérdida de valor de la misma”.
Por otra parte, destacó la excesiva frecuencia con la que se invocan las causas de inadmisión previstas en el artículo 18 de la Ley de transparencia, muchas veces de forma injustificada, “como recurso fácil para evitar la mayor complejidad argumentativa que requiere la aplicación de los límites de los artículos 14 y 15 de la ley, que exigen una ponderación razonada del daño y del interés público o privado en el acceso y una justificación suficiente y clara de la proporcionalidad de la denegación”.
El presidente del CTBG también llamó la atención sobre el hecho de que, aunque se ha reducido el porcentaje de resoluciones del Consejo que no se cumplen (un 7% en el ámbito estatal según los últimos datos consolidados frente al 11,25% de las resoluciones que se incumplían en 2020), esta práctica sigue siendo inaceptable “porque no hay razones que justifiquen que determinados órganos de la administración dejen sin ejecutar resoluciones administrativas firmes que les vinculan jurídicamente”. A su juicio este hecho constituye “la mayor anomalía del funcionamiento del sistema español de acceso a la información pública”, para el que la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIGB) no prevé remedio alguno, carencia que debe ser abordada en la futura reforma de la norma.
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También se refirió a la ya mencionada futura reforma de la LTAIGB, que deberá realizarse en esta legislatura, y que debe incluir a su juicio la atribución expresa de, al menos tres potestades para que el Consejo pueda cumplir eficazmente con sus funciones: la de requerir el expediente íntegro de las solicitudes reclamadas; la de examinar (con todas las garantías de reserva que sean precisas) el contenido de la información reclamada cuando existan indicios de que se invoca injustificadamente un límite o una causa de inadmisión, y por último, potestades coercitivas para obligar al cumplimiento de las resoluciones del Consejo. En su opinión, la posibilidad de imponer multas coercitivas sería la solución más eficaz, sin perjuicio de establecer un régimen sancionador para los casos más graves.
Por último, el compareciente valoró los diez años de vigencia de la ley de transparencia en España: “los avances conseguidos son muy relevantes pero queda mucho por hacer; nos encontramos en una fase intermedia de la construcción de nuestro sistema público de transparencia”. Destacó que será clave la reforma de la ley, pero también “unas políticas públicas más enérgicas para fomentar una cultura de la transparencia en las administraciones públicas y dotar de los medios suficientes tanto a los órganos garantes de transparencia (el estatal y los autonómicos) como a las propias administraciones y demás sujetos obligados para poder cumplir la ley”. “Esta legislatura es decisiva para consolidar nuestro sistema de transparencia y situar a España en el lugar que le corresponde como democracia avanzada”, concluyó”.
Parece claro que el deseo de que esta legislatura sea decisiva para consolidar el sistema de transparencia se va a quedar en un mero deseo.