The future of European competitiveness Part A | A competitiveness strategy for Europe
“6. Fortalecimiento de la gobernanza.
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Simplificando las normas.
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Para empezar a reducir el “stock” de regulación, el informe recomienda nombrar un nuevo Vicepresidente de la Comisión para la Simplificación que racionalice el acervo, adoptando al mismo tiempo una metodología única y clara para cuantificar el coste del nuevo “flujo” regulatorio. Al comienzo de cada mandato de la Comisión, antes de adoptar nueva legislación de la UE se debería dedicar un período fijo de al menos seis meses a evaluar y poner a prueba sistemáticamente toda la regulación existente por sector de actividad económica. Sobre esta base, una segunda fase debería centrarse en continuar con la codificación y consolidación de la legislación de la UE por área de políticas. Este proceso debería incluir la simplificación y la eliminación de solapamientos e incoherencias en toda la “cadena legislativa”, dando prioridad a aquellos sectores económicos en los que Europa está particularmente expuesta a la competencia internacional. Este ejercicio debería ser realizado por todos los miembros del Colegio de Comisarios dentro de sus respectivas competencias y coordinado por un Vicepresidente de Simplificación. Para garantizar que la nueva legislación sea coherente con este impulso de simplificación, se debería desarrollar una metodología única y aplicarla de manera coherente dentro de la Comisión en todas sus evaluaciones de impacto. Esta metodología debería aplicarse a toda la nueva legislación y ser adoptada por los colegisladores al modificar la legislación. También se recomienda añadir un nuevo requisito estándar en el artículo sobre la transposición de directivas que exija a los Estados miembros evaluar sistemáticamente la nueva legislación utilizando la misma metodología que las instituciones de la UE. Al mismo tiempo, debería reforzarse el Grupo de trabajo sobre cumplimiento de la normativa del mercado único (SMET) y centrarse en evaluar y abordar los casos de transposición incorrecta y transposición que exceda los requisitos de las directivas de la UE. Por último, deberían racionalizarse y fusionarse las autoridades de aplicación y cumplimiento de la normativa en los Estados miembros.
La UE debería aplicar plenamente el recorte anunciado del 25 % de las obligaciones de información y comprometerse a lograr una reducción adicional para las pymes de hasta el 50 %, manteniendo la proporcionalidad para las pymes en la legislación de la UE y ampliándola a las pequeñas empresas de mediana capitalización. El informe recomienda que todas las nuevas propuestas que se presenten para su adopción se sometan a una prueba de competitividad renovada, con una metodología clara y sólida para medir el impacto acumulativo, incluidos tanto los costes de cumplimiento como la carga administrativa. Estas comprobaciones deberían realizarse con la participación de comités de operadores industriales que apoyen a la Comisión en la evaluación del impacto de todos los proyectos de actos autónomos. Sobre esta base, la Comisión debería optar por posponer las iniciativas que sean especialmente problemáticas desde el punto de vista de la innovación o que tengan un impacto desproporcionado en las pymes. Además, la Comisión debería ampliar las medidas de mitigación a las pequeñas empresas de mediana capitalización. La UE también debería permitir el uso de software impulsado por IA y datos procesados por máquinas para reducir los costes administrativos y de cumplimiento para las pymes. Las medidas deberían incluir la exigencia de plantillas de informes armonizadas, umbrales de informe mínimos y requisitos de informes centralizados mediante una interfaz multilingüe.
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