Publicada la memoria de actividades 2024 del Consejo
En la presentación de la memoria, a cargo del presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, José Luis Rodríguez Álvarez, puede leerse lo siguiente:
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El avance logrado con el Estatuto se suma así felizmente al gran hito normativo del año 2024: la entrada en vigor en España, el 1 de enero, del Convenio del Consejo de Europa sobre acceso a los documentos públicos -el Convenio de Tromsø-. Aunque desde el punto de vista sustantivo no aporta grandes novedades porque la regulación de la LTAIBG está muy inspirada en su contenido, la ratificación del Convenio refuerza la garantía del derecho de acceso a la información pública en nuestro país al obligar internacionalmente a todos los poderes públicos a cumplir con los estándares que en él se consagran. Además, incorpora a nuestro ordenamiento una base jurídica adicional para que el Tribunal Constitucional reconozca naturaleza de derecho fundamental al derecho de acceso a la información pública, como en su momento sucedió con el Convenio 108 del Consejo de Europa en relación con el derecho a la protección de los datos de carácter personal.
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Que el derecho de acceso a la información pública es un derecho fundamental está meridianamente claro, lo diga Agamenón o su porquero, lo que hace falta es que se reconozca como tal.
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Resumen: Parece claro que la aplicación de la imperfecta Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno no funciona como debería. Abundan los retrasos injustificados y maliciosos en la tramitación de las solicitudes de acceso; las denegaciones expresas o por silencio administrativo injustificadas; la tardía resolución de las reclamaciones presentadas ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Y finalmente, los incumplimientos groseros de las resoluciones del Consejo, que remite al ciudadano a la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra la actuación del órgano obligado a cumplir la resolución.