Proposición no de Ley relativa a la adopción de la legislación europea en España.
Boletín Oficial de las Cortes Generales. 11 de febrero de 2025, nº 117 (páginas 8 y ss)
“El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la adopción de la legislación europea en España, para su debate en la Comisión Mixta para la Unión Europea.
Exposición de motivos
La Unión Europea es más que un marco político y económico; representa un proyecto común basado en valores como la democracia, la solidaridad, el respeto a los derechos humanos y el Estado de derecho.
Por ello, los 27 Estados miembros y sus ciudadanos son la prioridad de la Unión. La característica que distingue a la UE es que, pese a que todos los Estados miembros siguen siendo soberanos e independientes, han decido poner parte de su soberanía en los ámbitos en los que ello tiene un valor añadido. España, como uno de sus Estados miembros, se ha beneficiado ampliamente de la pertenencia a este espacio de prosperidad y cooperación, que ha sido clave en momentos críticos como la crisis económica de 2008, la pandemia de COVID-19 o las consecuencias económicas derivadas de la guerra en Ucrania.
Este compromiso compartido se traduce en una influencia directa de la legislación europea en la normativa nacional, reflejando cómo la cooperación fortalece a los Estados miembros en ámbitos clave. Según el informe anual de la Oficina del Parlamento Europeo en España, el 46% de las leyes aprobadas por las Cortes Generales en 2024 tienen origen europeo. De las 24 leyes aprobadas este año, 11 derivan de directivas o reglamentos comunitarios, incluyendo medidas clave como la conciliación familiar y profesional o la representación paritaria en sociedades cotizadas.
El propio informe, basado en datos del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, afirma que a 9 de diciembre de 2024 había por lo menos 87 directivas europeas pendientes de transponer a la legislación nacional, la mayoría de ellas con fecha límite de transposición en 2024, 2025 y 2026. De ellas, 31 ya han cumplido su plazo de transposición. Además, la gran mayoría de estas directivas están relacionadas con temáticas como Transición Ecológica, Economía, Migración, Sanidad o Vivienda. Áreas que enfrentan importantes retos tanto a nivel nacional como a nivel europeo.
A la dejadez de funciones del Gobierno para transponer directivas europeas se une la falta de calidad jurídica de las normas tramitadas y el abuso de la fórmula del Real Decreto Ley con contenidos absolutamente dispares que contravienen el necesario rigor jurídico y el precepto constitucional que reserva el uso de esta fórmula normativa para situaciones de urgente necesidad. Todo ello como evidencia de que el presidente del Gobierno está más preocupado por mantener apoyos parlamentarios que le aseguren continuar en el Gobierno que ocupado gobernando para los españoles. Así, España sigue siendo el Estado miembro con más infracciones abiertas por parte de la Comisión Europea por incumplimiento de transposiciones, con un total de 90 casos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley «La Comisión Mixta para la Unión Europea insta al Gobierno a:
1.Elaborar las normas necesarias para transponer las 87 directivas europeas pendientes, priorizando las que ya han superado su plazo de cumplimiento.
2. Mejorar la eficacia en la coordinación entre los Ministerios para agilizar la adaptación de normativas europeas al ordenamiento jurídico español.
3. Promover un diálogo continuo con los distintos grupos parlamentarios para garantizar que las normativas de origen europeo sean debatidas y adaptadas con la máxima eficacia y trasparencia.
4. Garantizar la coordinación y consulta con las instituciones competentes a nivel europeo, nacional y autonómico con carácter previo al inicio de la tramitación, a fin de favorecer su posterior implementación.
5. Revertir el abuso del Real Decreto Ley como forma habitual de legislar por parte del Gobierno en aras a la mayor calidad de las normas exigidas por la UE.»
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