Intervención de la Defensora del Pueblo Europeo, Teresa Anjinho. Bruselas, 5 de noviembre de 2025.
Buenos días y muchas gracias por la invitación.
El tema de hoy se relaciona directamente con uno de los objetivos principales de mi Oficina.
En la Oficina del Defensor del Pueblo, las quejas y los problemas que recibimos son muy variados, pero todos comparten un hilo conductor: garantizar que la ciudadanía pueda confiar en sus instituciones públicas.
La confianza es fundamental, tanto para el éxito del proyecto europeo como para la fortaleza de la democracia europea. Es lo que une a la ciudadanía y a las instituciones, permitiéndoles establecer los vínculos necesarios para cocrear soluciones a los desafíos más apremiantes y mejorar la vida de las personas.
Pero la confianza no es automática. Se construye poco a poco, con el tiempo, y depende de bases sólidas: transparencia, rendición de cuentas, equidad e integridad. Y una vez construida, necesita mantenimiento y atención constantes.
El cambio tecnológico, las lagunas legales imprevistas, los acontecimientos geopolíticos y las cambiantes expectativas de la ciudadanía pueden obligarnos a reexaminar las normas, los procedimientos y los principios éticos que sustentan la confianza ciudadana.
Mantener la confianza en las instituciones de la UE también implica defender y fomentar el derecho de la ciudadanía a participar de forma significativa en el proceso de toma de decisiones.
En este sentido, el sector de los asuntos públicos ocupa una posición algo paradójica.
Por un lado, las actividades de lobby y divulgación transparentes y bien reguladas ofrecen a la ciudadanía, las empresas y las organizaciones una forma eficaz de expresar sus opiniones y participar en la toma de decisiones. También proporcionan a los responsables políticos acceso a conocimientos especializados y datos cruciales, información que ayuda a garantizar que las políticas se basen en la realidad y sirvan mejor a la ciudadanía.
Por otro lado, el lobby también puede exacerbar las desigualdades existentes. Puede generar un acceso desigual a los responsables políticos, lo que conduce a leyes que sirven a intereses particulares o específicos en lugar del bien común. Cuando esto sucede, la confianza de la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones —y en las instituciones de la UE en su conjunto— se ve mermada.
Y, por supuesto, es este segundo escenario el que más se repite en los medios. En los peores casos, se observa corrupción flagrante o influencia ilegal.
Ejemplos como el Qatargate o las más recientes acusaciones de lobby contra Huawei no solo dañan la reputación de las instituciones de la UE, sino que también empañan la reputación del propio sector de las relaciones públicas. Refuerzan la percepción negativa —que algunos mantienen— de que los parlamentarios, funcionarios públicos o profesionales de las relaciones públicas no se guían por el bien común, sino por su propio enriquecimiento.
Sabemos, por supuesto, que esto no es cierto. Unos pocos casos aislados no definen la integridad de todo el sistema. Sin embargo, pueden revelar una grave debilidad, una que puede ser aprovechada por fuerzas populistas y exagerada hasta el punto de minar la confianza en nuestras instituciones democráticas.
En ese sentido, resulta alentador que el Parlamento Europeo adoptara nuevas normas éticas tras el escándalo de Qatargate, normas diseñadas tanto para restaurar la confianza perdida como para prevenir sucesos similares en el futuro.
Sin embargo, como mi Oficina ya ha señalado, la eficacia de estas normas depende de su correcta implementación y cumplimiento. Su creación ofrece un modelo sólido para recuperar la confianza de la ciudadanía, pero aún queda mucho por hacer.
La creación de un organismo ético independiente de la UE constituye, asimismo, un paso positivo hacia estándares más sólidos y coherentes en toda la administración de la UE. No obstante, todavía no está operativo.
E incluso cuando lo esté, es importante reconocer que este organismo no tendrá potestad para recibir denuncias directamente.
Esa función corresponde a mi Oficina. Mi objetivo es garantizar que sigamos siendo reconocidos como un referente clave en materia de ética e integridad, tanto a través de las investigaciones que iniciamos en respuesta a las denuncias, como mediante mis propias investigaciones sobre posibles problemas sistémicos.
Nuestro trabajo anterior, y nuestras investigaciones en curso, ponen de manifiesto este compromiso. Permítanme compartir con ustedes algunos ejemplos y algunos de los resultados que hemos obtenido.
Tomemos como ejemplo una investigación que mi Oficina llevó a cabo sobre el Registro de Transparencia de la UE, algo que seguramente muchos de ustedes conocen bien.
El Registro es una herramienta fundamental para demostrar el compromiso tanto de las instituciones de la UE como del sector de los asuntos públicos con la transparencia y la integridad. Sin embargo, no está exento de deficiencias.
Tras recibir una queja de una asociación de consumidores, descubrimos que la Secretaría del Registro de Transparencia no había gestionado adecuadamente las acusaciones de que dos organizaciones no habían revelado sus vínculos con el sector ni sus fuentes de financiación. Su evaluación fue demasiado limitada y su definición de «afiliación», demasiado restrictiva.
Dado que la Secretaría no puede supervisar por sí misma toda la información proporcionada por los inscritos, es fundamental que tome en serio las quejas públicas y las investigue a fondo.
Presentamos varias sugerencias de mejora y me complace decir que la Secretaría respondió positivamente, reconociendo los problemas e indicando que actualizaría sus directrices en consecuencia.
Otra área prioritaria para mi Oficina se refiere a los conflictos de interés profesionales.
En una investigación, examinamos la decisión de la Comisión Europea de adjudicar a la gestora de inversiones BlackRock un contrato para estudiar cómo integrar los objetivos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en la supervisión bancaria de la UE.
El tema era de claro interés regulatorio para BlackRock, que ya había intentado influir en la formulación de políticas en este ámbito.
Tras nuestras sugerencias, la Comisión actualizó sus directrices internas de contratación para dejar claro que debían excluirse los licitadores con conflictos de interés profesionales.
Posteriormente, se modificó la legislación de la UE sobre contratación pública para convertir esta exclusión en un requisito explícito.
Uno de los principales problemas éticos que abordamos es el de las puertas giratorias.
Pocas cosas socavan más la confianza pública que la noticia de que un alto funcionario se ha incorporado a una empresa que antes regulaba. Todos tienen derecho a trabajar, por supuesto, pero este derecho debe equilibrarse con la prevención de conflictos de interés y el mantenimiento de la confianza en las instituciones públicas.
En los últimos años, los organismos de la UE han aprobado traslados de altos funcionarios que suscitaron serias preocupaciones.
Investigaciones anteriores demostraron que la Comisión tendía a subestimar el daño a la confianza pública cuando los funcionarios asumían cargos afines en el sector privado. Se han introducido algunas mejoras: la Comisión ahora restringe que el personal en excedencia sin sueldo acepte empleos con riesgo de conflicto de interés; la Autoridad Bancaria Europea y la Agencia Europea de Defensa han implementado nuestras recomendaciones; y el Parlamento introdujo un período de reflexión de seis meses para los antiguos eurodiputados.
Sin embargo, persisten desafíos: supervisar eficazmente estas restricciones y garantizar normas coherentes en todas las instituciones, agencias y organismos.
Por ello, mi primera investigación de oficio como Defensora del Pueblo Europea se centra en cómo se gestionan las puertas giratorias en las agencias de la UE, que implementan políticas en sectores que abarcan desde la banca y la defensa hasta la química y la farmacéutica. Mi objetivo es identificar las mejores prácticas y las deficiencias en las normas o su aplicación para garantizar estándares sólidos y coherentes, y espero compartir nuestros hallazgos.
A través de estas investigaciones, mi Oficina combate una cultura de complacencia que podría propiciar escándalos. Pero salvaguardar la confianza es una responsabilidad compartida: las instituciones deben actuar con integridad, y los lobistas y profesionales de asuntos públicos deben regirse por los más altos estándares en sus interacciones con la administración.
Muchas asociaciones sectoriales y empresas ya cuentan con sólidos procedimientos internos para cumplir con las normas de la UE sobre lobby, conflictos de interés y puertas giratorias.
Pero siempre hay margen para ir más allá: para superar el mínimo y demostrar a la ciudadanía que la participación pública puede ser influyente y ética.
Al establecer estándares internos que superen los requisitos reglamentarios, se puede garantizar que la influencia se ejerza de una manera que inspire confianza en nuestras instituciones y contribuya a una Europa más justa, más fuerte y más igualitaria.
En cuanto a las puertas giratorias, por ejemplo, mi Oficina ha sugerido que los empleadores podrían aumentar la confianza pública publicando las restricciones de lobby y otras restricciones que se aplican a las nuevas contrataciones que provienen de la administración de la UE.
Esto no tiene por qué ser obligatorio. Usted puede tomar la iniciativa, ya sea en sus sitios web o en comunicados de prensa, demostrando que el sector de los asuntos públicos se toma en serio sus responsabilidades éticas.
Hay un último punto que quiero destacar.
Garantizar una administración pública transparente y responsable va más allá de las normas y las políticas. También implica responsabilidad y reflexión personal.
El mundo está cambiando rápidamente: los avances tecnológicos y la IA, la guerra en Ucrania, las tensiones comerciales, la desinformación y la crisis climática alimentan la preocupación por nuestra seguridad, prosperidad y libertad.
En este contexto, es más importante que nunca que los responsables políticos acierten, y el sector de los asuntos públicos puede contribuir. Los profesionales cualificados pueden traducir ideas complejas en mensajes claros, orientando las políticas, impulsando la innovación y asegurando que se escuchen voces esenciales.
Pero esto depende de un compromiso más profundo: pensar en el trabajo en el contexto de nuestro futuro colectivo, plantearse preguntas difíciles sobre el impacto a largo plazo de los beneficios a corto plazo y mantener una sólida ética profesional. Debemos preguntarnos no solo qué se puede hacer, sino qué más se puede hacer, dando forma de manera proactiva a una sociedad mejor, más justa y más sostenible.
Restaurar la confianza en la política de la UE no es solo tarea de los políticos o los funcionarios. Es una responsabilidad compartida, una que debe ser asumida por todos.
De cara al futuro, preguntémonos no solo si las normas son justas, sino también cómo podemos contribuir, tanto profesional como personalmente, a un futuro más prometedor.
Gracias.