De gran interés el artículo de Benito Arruñada, en The Objective:
Opa del Sabadell: por qué pierden Cataluña y España
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El desenlace consolida el modelo contrario, basado en las «relaciones» locales: empresas que dependen del favor político, gobiernos que confunden neutralidad con tutela y regiones que ven en la escala una amenaza. Pero esas raíces locales corren el riesgo de reproducir el caciquismo de siempre. Todo ello reduce el atractivo de invertir, tanto en el sistema financiero como en la economía española, y aún más en la catalana.
Esa politización no solo deforma el mercado, sino que erosiona la separación de poderes en su dimensión económica. Cuando los gobiernos deciden quién puede comprar o fusionarse con quién, el poder político se infiltra en la esfera que debía quedar sujeta al control del mercado y del derecho, no a la discreción del primer ministro de turno.
Como nos tiene acostumbrados, el papel del Gobierno ha sido decisivo. La interferencia política no es nueva. Europa, y España en particular, llevan décadas –y más desde la pandemia– protegiendo a los directivos frente a sus propios accionistas y otorgando esa protección de forma selectiva. Las normas que dificultan las opas se justifican como defensa del empleo o de la soberanía, pero en realidad preservan estructuras de poder, reducen la competencia y perjudican el crecimiento y la reputación empresarial. Los gestores se acomodan, los consejos se atrincheran y las empresas pierden dinamismo.
La lección es sencilla. El mercado de control –opas hostiles incluidas– no destruye empresas; las mejora. Es la forma más eficaz de sustituir a los gestores y transformar las grandes compañías. Las opas son, en esencia, el mecanismo que permite reemplazar a quienes gestionan mal una empresa. En un mercado sano, esa amenaza mantiene alerta a los directivos y favorece el cambio de control cuando la gestión se estanca.
Cuando los políticos bloquean el mercado de control, no defienden el interés público, sino su propio poder. Lo que emerge es un sistema de protección mutua entre políticos y gestores: ambos se protegen entre sí frente al escrutinio de los ciudadanos y los accionistas. Lo pagamos todos, con menos competencia, menos innovación y menos crecimiento”.
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