Información en demócrata.es (10/12/2025), sobre el informe del Grupo de Acceso a la Información (AIG, por sus siglas en inglés), órgano encargado de comprobar si los Estados parte cumplen con el denominado Convenio de Tromsø, el primer tratado internacional jurídicamente vinculante que reconoce el derecho de los ciudadanos a solicitar y obtener documentos de las administraciones públicas:
“En este contexto, el AIG “toma nota” de los datos aportados por el Gobierno español, según los cuales “en la práctica, el plazo de un mes es un plazo máximo más que un plazo estándar y que, en la práctica, numerosas solicitudes reciben una respuesta más rápida”. Con todo, el informe concluye que “los plazos legales dejan un margen de apreciación en su aplicación”, por lo que anima a España a revisarlos”.
Cualquiera que esté al tanto de cómo el Gobierno aplica la Ley de Transparencia sabe que la regla general es el incumplimiento del plazo de un mes, la injustificada ampliación del plazo de respuesta por otro mes y, en muchas ocasiones, la aplicación del silencio administrativo.
Información del Consejo de Europa (10/12/2025):
“La Ley española sobre transparencia cumple los principios del Convenio del Consejo de Europa sobre el acceso a los documentos públicos”.
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No obstante, el Grupo de Acceso a la Información recomienda que España reconsidere las disposiciones legales específicas que facultan a las autoridades a denegar solicitudes de acceso a información considerada auxiliar, como borradores de documentos, documentos de opinión, comunicaciones, informes o intercambios entre órganos administrativos.
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Actualmente, las autoridades españolas tienen hasta un mes de plazo para decidir sobre las solicitudes de acceso. Dado que esto deja margen a la discrecionalidad, el Grupo de Acceso a la Información recomienda a España que acorte este plazo. Si las autoridades no tienen previsto denegar el acceso, deberían tomar una decisión y actuar con la mayor celeridad razonable”.
De interés, la siguiente información del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno:
“…En la mesa se puso de relieve un incremento exponencial del número de reclamaciones que gestionan los consejos y comisionados de transparencia; aumento que no se ha visto acompañado por un incremento en los recursos con los que cuentan, lo que dificulta su labor. También consideraron que, además de mayores medios materiales y humanos, para avanzar en la consolidación de este crucial derecho, es fundamental una mayor cultura de la transparencia dentro de la Administración”.
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