De la entrevista de Ricardo Coarasa, hoy en La razón:
“Con la reforma procesal que pretende dejar la instrucción en manos de los fiscales, ¿es urgente que la modificación legal pactada por el Gobierno y PP desvincule el mandato del fiscal general del del Gobierno y garantice su independencia frente al Ejecutivo?
Entré en la carrera en el año 1998 y ya se decía que la instrucción iba a pasar a los fiscales. Yo desde luego creo que no debería ser así. Con lo que estamos viendo en los últimos meses del funcionamiento de la Fiscalía, y no me refiero a los fiscales profesionales que hay muchos, perfectamente formados y comprometidos con el Estado de derecho y la defensa del principio de legalidad, ¿a alguien se le ocurre en las circunstancias actuales pensar que dar la instrucción a la Fiscalía es beneficioso para los ciudadanos? No hace falta ser muy avezado para pensar que podría utilizarse la Fiscalía para perseguir al adversario político. Hoy es imposible. No podemos olvidar que la Constitución es muy clara: el fiscal general del Estado es nombrado por el Gobierno. Va a existir siempre esa vinculación porque, además, la Fiscalía tiene una estructura jerarquizada. No creo que sea conveniente dar la instrucción a los fiscales. Porque si damos la instrucción a los fiscales y si además reducimos las posibilidades de ejercer la acción popular, que lógicamente hay que regular para que no se convierta en una acción con carácter abusivo, a lo mejor se utiliza el derecho penal para perseguir a quien ideológicamente no me interesa. Así que creo que está muy bien que sigamos instruyendo los jueces, que garantizamos los derechos de los ciudadanos. Es mejor que dejemos esto como está. En las circunstancias actuales que hoy se diera la instrucción de las causas penales a los fiscales dañaría enormemente la credibilidad de los ciudadanos en la Justicia. Sería muy difícil que confiaran”.