Tres intensos días de reflexión y debate en el encuentro que organizó el Consejo en la UIMP
El curso “La transparencia en España: balance y propuestas de mejora”, organizado por el Consejo de Transparencia entre el 2 y el 4 de junio en el marco de las Actividades de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en Santander, propició tres intensos días de reflexión y debate sobre los elementos que son necesarios para que el sistema público de transparencia español se coloque en el nivel de las sociedades democráticas más avanzadas.
El presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, Rodríguez Álvarez urgió a reformar sin más demora la ley de transparencia para corregir sus lagunas y deficiencias técnicas. Entre las cuestiones que se deben abordar en la reforma, destacó la necesidad de aumentar las obligaciones de publicidad activa y potenciar la publicidad proactiva por parte de las instituciones. También abogó por una regulación más completa y precisa de los procedimientos de ejercicio del derecho de acceso a la información y de reclamación ante el Consejo. Junto a ello, reclamó la atribución al Consejo de las potestades necesarias para cumplir eficazmente con sus funciones, entre ellas, la de requerir los expedientes afectados por las reclamaciones, y la de examinar el contenido de la información reclamada cuando los sujetos obligados invocan límites al acceso. En esta misma línea, incidió en la urgencia de dotar al Consejo de potestades coercitivas para asegurar el cumplimiento de sus resoluciones y poner fin a “la patología más grave del sistema español de transparencia”: que haya resoluciones firmes y plenamente vinculantes que, sin embargo, no se ejecutan.
Además de la reforma de la Ley, el presidente del Consejo reclamó medidas y políticas públicas decididas que refuercen tanto a los órganos de control y garantía de la transparencia como a las estructuras administrativas encargadas de cumplir con las obligaciones de la ley de transparencia, ya que tanto unos como otros son “aún débiles”.
Relacionado:
La transparencia en los tiempos del cólera
Resumen: Parece claro que la aplicación de la imperfecta Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno no funciona como debería. Abundan los retrasos injustificados y maliciosos en la tramitación de las solicitudes de acceso; las denegaciones expresas o por silencio administrativo injustificadas; la tardía resolución de las reclamaciones presentadas ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Y finalmente, los incumplimientos groseros de las resoluciones del Consejo, que remite al ciudadano a la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra la actuación del órgano obligado a cumplir la resolución.