Debería establecerse una rigurosa sanción por la negativa injustificada a facilitar o entregar la información en base a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, pues la realidad demuestra que la actual norma deviene en papel mojado.
Leo una interesante y reciente noticia de Alberto Pozas en eldiario.es, que podría servir de guía de actuación al legislador:
“Condenada la exalcaldesa de San Fernando por no contestar a requerimientos del Defensor del Pueblo
La Audiencia de Madrid impone seis meses de inhabilitación a Cati Rodríguez, alcaldesa de la localidad madrileña de San Fernando hasta 2019 y actualmente concejala en la oposición, por no contestar a distintos requerimientos de información del Defensor del Pueblo sobre la Plaza de España”.
Son esa clase de políticos/as que se presentan con la boca llena de “cambio”.