Interesante información, hoy, de Ana Martín, en El debate:
“La amnistía no pasará por el Consejo de Ministros: el PSOE diseña un atajo a través del Congreso
La nueva cesión no será tramitada como proyecto de ley del Gobierno, sino como proposición de ley de sus grupos parlamentarios. Para esquivar a los órganos consultivos y ahorrar tiempo.
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La diferencia no es menor: un proyecto de ley del Gobierno debe pasar por los trámites de consulta pública previa y de audiencia e información pública durante la fase de elaboración de su anteproyecto. También requiere una memoria económica y dictámenes de órganos consultivos como el CGPJ, el Consejo Fiscal y, en su caso, incluso el Consejo de Estado. Después debe ser aprobado definitivamente por el Consejo de Ministros y, por último, enviado al Congreso para iniciar su tramitación parlamentaria…”
Debe recordarse lo que ha dicho recientemente la Comisión Europea en el “Informe sobre el Estado de Derecho en 2023. Capítulo sobre la situación del Estado de Derecho en España”[1]:
“Existen salvaguardias que garantizan la consulta pública de los proyectos de ley del Gobierno, pero existen dudas sobre algunas prácticas procedimentales en las Cortes. El marco elaborado por el Gobierno para los proyectos de ley garantiza la transparencia y la participación de las partes interesadas. La ley también establece los ámbitos en los que los órganos constitucionales deben ser consultados cuando el Gobierno elabore un proyecto de ley. Sin embargo, estos requisitos no son obligatorios para las proposiciones de ley presentadas por los grupos parlamentarios. Se han notificado casos de utilización de las disposiciones transitorias de una norma legal para introducir modificaciones importantes en otra norma no relacionada, práctica que el Tribunal Constitucional viene criticando desde 2011, habiéndolo reiterado recientemente en un auto de diciembre de 2022. Las partes interesadas también han expresado su preocupación por el uso excesivo del procedimiento de urgencia para la aprobación de normas. Todas estas prácticas suscitan preocupación, ya que eluden los requisitos de consulta pública, evaluación de impacto y consulta a los organismos prescriptivos y pueden tener un impacto negativo en la calidad de la normativa. La calidad de la legislación es un factor importante para la confianza de los inversores y un motivo de preocupación acerca de la eficacia de la protección de las inversiones para el 46 % de las empresas en España”.
Ya en su primer Informe sobre la situación del Estado de Derecho en la Unión Europea, la Comisión Europea señaló que “el Estado de Derecho está consagrado en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea como uno de los valores comunes a todos los Estados miembros y que dicho principio engloba el principio de legalidad, que implica un proceso de promulgación de leyes transparente, democrático, pluralista y sujeto a rendición de cuentas”. Hoy existe un consenso general y jurisprudencial en considerar que el principio democrático incluye la participación pública, a través de consultas, de las partes interesadas o afectadas por las iniciativas legislativas.
[1] Documento de trabajo de los servicios de la Comisión Europea. https://commission.europa.eu/publications/2023-rule-law-report-communication-and-country-chapters_en 5 de julio de 2023.