Mi artículo, publicado hoy en el Diario La Ley, nº 10.962.
Si se accede a la web del Congreso de los Diputados, en el apartado “Destacados” aparece un acceso al “I Plan de Parlamento Abierto del Congreso de los Diputados (2025-2027)”.
Allí aparece un acceso a su publicación oficial: Texto completo del I Plan de Parlamento Abierto del Congreso de los Diputados (2025-2027) BOCG, Congreso de los Diputados, serie D, núm. 310, de 26 de marzo de 2025.
Como se dice en el mismo Plan (apartado V. Sobre la gobernanza del Plan de Parlamento Abierto), “En primer lugar, y conforme al plan de gobernanza de la primera propuesta enviada a la Mesa del Congreso, se llevó a cabo un proceso de consulta ciudadana alineado con los estándares de OGP. Este proceso permitió la recepción de aportaciones de la ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil, cuya valoración fue realizada por los servicios técnicos de la Cámara. Una vez aprobado el Plan, se publicará un informe con el resumen de las aportaciones incorporadas, asegurando así la trazabilidad del proceso y la transparencia en la toma de decisiones”.
Ni se han publicado las aportaciones ciudadanas ni se ha dado acceso a las mismas en peticiones concretas de acceso ¡Menuda forma de entender la transparencia pregonada por el Plan!
Entre los objetivos del Plan, pueden destacarse los siguientes:
- aumentar significativamente la transparencia legislativa y mejorar el acceso a la información, asegurando que los procesos y decisiones del Congreso sean plenamente accesibles y comprensibles para toda la ciudadanía;
- potenciar la participación ciudadana en los procesos legislativos y decisiones del Congreso utilizando herramientas digitales para facilitar un diálogo continuo y efectivo entre la ciudadanía y sus representantes;
- garantizar el cumplimiento total de las normativas de integridad y rendición de cuentas por todos los miembros y personal del Congreso, estableciendo un ambiente de transparencia y responsabilidad en todas las actividades parlamentarias. Entre otras cuestiones, se abordará la regulación de los grupos de interés con el objetivo de garantizar la transparencia, la equidad en el acceso a la actividad parlamentaria y la integridad en la toma de decisiones.
Existe un absoluto oscurantismo en cuanto a la ejecución, seguimiento y evaluación del Plan, prevista en su Capítulo V; lo que da a entender que hasta la fecha presente no se ha hecho nada de lo en él previsto.
Respecto a la fundamental participación ciudadana en la actividad parlamentaria, puede afirmarse que el Congreso de los Diputados es el parlamento menos participativo en toda la Unión Europea.
Incluso si se compara con el Senado, las vigentes normas del Congreso para la aplicación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno son claramente deficientes. Mientras que las normas del Senado establecen que “Todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública que, en el ejercicio de sus funciones parlamentarias y de su actividad sujeta a Derecho administrativo, obre en poder del Senado, cualquiera que sea el formato o soporte de los contenidos o documentos”, las del Congreso limitan el acceso a la información relativa a “sus actividades sujetas a Derecho Administrativo”. Se deniegan sistemáticamente las solicitudes de acceso relativas a las actividades relacionadas con las funciones parlamentarias y hasta la fecha, el Congreso se ha negado a modificar la norma.
La Comisión de Peticiones del Congreso es de las que, en el entorno europeo, tiene la actividad más irrelevante, prueba del escaso respeto a la participación ciudadana, teniendo en cuenta que el derecho de petición es un derecho fundamental, reconocido en los artículos 29 y 77 de la Constitución.
La del Congreso es un mero buzón, que se dedica, por lo general -y sin otras actuaciones relevantes-, a remitir al Gobierno las peticiones que recibe y a remitir al peticionario las contestaciones del Gobierno. Es un sarcasmo, como relató el exdiputado LABORDETA en su libro “Memorias de un beduino en el Congreso de los Diputados” (Ediciones B, 2009).
Debería reformarse el Reglamento del Congreso para que la Comisión tuviera una actividad y contenido más relevante, y buen modelo a imitar sería el de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo y las disposiciones atinentes a la misma establecidas en el Reglamento de la Eurocámara.
La Comisión de Peticiones del Congreso de los Diputados debería tener la visibilidad que se merece, con su propio portal. Buen modelo para seguir es el de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (https://www.europarl.europa.eu/petitions/es/home ).
Las peticiones han de poder presentarse telemáticamente. Y deben publicarse en la página web las peticiones y las contestaciones a las mismas (https://www.europarl.europa.eu/committees/es/peti/meetings/meeting-documents ).
Asimismo, la Comisión debería publicar anualmente un informe sobre sus actividades.
¿Quedará el Plan en agua de borrajas? Lo primero que debería hacerse es publicar el prometido informe con el resumen de las aportaciones incorporadas, asegurando así la trazabilidad del proceso y la transparencia en la toma de decisiones.
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