Hoy se ha presentado públicamente la Memoria del Consejo de Estado correspondiente al año 2025.
Es de interés la presentación en vivo de la misma, sobre todo en el turno de preguntas de los periodistas:
https://www.youtube.com/watch?v=T2iV78dzo40
Surge una pregunta: ¿Se quieren reservas las futuras vacantes para alguna concreta persona?
La Memoria:
Son de interés los siguientes apartados:
LA CORRECTA Y TEMPESTIVA TRANSPOSICIÓN DE LAS DIRECTIVAS DE LA UNIÓN EUROPEA. Página 159
La correcta y tempestiva transposición de las directivas de la Unión Europea es una cuestión de Estado que afecta a la reputación y a la imagen institucional del Reino de España ante la UE y ante los demás Estados miembros. Del incumplimiento de la obligación de transponer dentro plazo puede derivar el pago de sumas a tanto alzado y multas coercitivas, así como posibles indemnizaciones por los daños y perjuicios causados. En ocasiones la demora también genera consecuencias procedimentales como el acortamiento de algunos plazos, la omisión del trámite de consulta pública o una eventual urgencia de la consulta al Consejo de Estado. Con frecuencia comporta también que se precipite la entrada en vigor de la norma y se reduzca la regla general de los 20 días de vacatio legis.
SÍNTESIS DE LAS OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS. Página 329
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El Consejo de Estado está plenamente comprometido con el objetivo de asegurar la completa y correcta transposición de las directivas de la Unión Europea y para ello hace múltiples observaciones de fondo al dictaminar los proyectos normativos que se elaboran para realizar dicha transposición. Además, la obligación de transponer la directiva en plazo lleva al Consejo a valorar también el calendario de tramitación de la norma de transposición, pues la demora puede tener consecuencias de diversa índole. De un lado, se corre el riesgo de la imposición de una multa coercitiva o una suma a tanto alzado por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea; de otro, el retraso en la transposición de una directiva influye con alguna frecuencia en el régimen de entrada en vigor y de aplicación de las normas internas; también, se pueden producir repercusiones procedimentales, pues en estos casos se recurre con alguna frecuencia a la tramitación urgente prevista en el artículo 27 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, prescindiendo de trámites o acortando plazos que pueden redundar en un déficit de participación; asimismo, en ocasiones se acude a la declaración de urgencia de la consulta al Consejo de Estado, lo que reduce considerablemente el tiempo para despachar el expediente e incluso, si se invoca la especial urgencia, la consecuencia es que se modifica la normal competencia del Pleno, privando a los Consejeros Natos y Electivos de la oportunidad de participar en la deliberación y votación de los proyectos de dictamen. Aunque en España existen ya instrumentos orientados a la preparación y negociación de las propuestas de la Comisión Europea, es conveniente reforzar su papel en la posterior transposición de las directivas al ordenamiento español, para asegurar la imprescindible continuidad y coordinación de ambas fases.
Desde otra perspectiva, en la aplicación práctica del procedimiento especial de cooperación entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, diseñado por el Real Decreto-ley 1/2019, de 11 de enero, se han detectado algunas deficiencias en el cumplimiento de los trámites establecidos. Por ello, el Consejo de Estado ha recordado que el citado procedimiento se orienta a garantizar la cooperación eficaz entre dos autoridades reguladoras que, de acuerdo con el Derecho de la Unión Europea, tienen competencias normativas en el ámbito de la energía, añadiendo que aunque se hace cargo del reto que puede suponer ajustarse a los tiempos previstos, considera que su cumplimiento resulta indispensable para asegurar el pleno respeto al ejercicio de las competencias normativas atribuidas a cada Administración, de acuerdo con la norma legal y con el fin de asegurar un adecuado cumplimiento de las directivas europeas.
A su vez, los planes son un instrumento esencial en el desarrollo de las políticas públicas; sin embargo, no cuentan con un régimen general relativo al régimen de tramitación y aprobación y a sus efectos. Esta circunstancia, unida a la existencia de planes de distinto tipo, función y naturaleza, ha dado lugar a que se susciten algunas dudas en relación con estos aspectos. A partir de la doctrina del Consejo de Estado, cabe señalar que es necesario, sobre todo en el caso de los planes que despliegan sus efectos más allá del puro ámbito organizativo interno, contar con una regulación previa de cada tipo de plan, que establezca las reglas necesarias sobre su tramitación, aprobación y efectos. Asimismo, si bien no es viable una regulación general sobre los planes –dada su variada tipología–, sí puede considerarse la conveniencia de recoger en la ley algunas reglas mínimas sobre los casos en los que la aprobación de los planes ha de corresponder al Consejo de Ministros y los supuestos en los que deberán llevarse a cabo trámites como la participación pública o la consulta a otros departamentos o Administraciones.
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Relacionado:
El Consejo de Estado ha presentado hoy su Doctrina Legal correspondiente a los años 2023 y 2024
La “privatización” de la sistematización de las directrices de técnica normativa
Sobre la mejora en la eficacia de la aplicación del derecho europeo en España
Autores: Isaac Ibáñez García
Localización: Documentos – Instituto de Estudios Fiscales, ISSN 1578-0244, Nº. 1, 2016
Resumen
Si, como ha reconocido el propio Gobierno, “el Derecho de la UE, en virtud del principio de primacía, condiciona de manera esencial la actividad normativa nacional a todos los niveles del ordenamiento jurídico interno (y) esta situación de desplazamiento creciente de la creación normativa hacia las instituciones de la UE plantea a los Gobiernos y Administraciones nacionales nuevos retos de adaptación a un escenario jurídico en el que, cada vez en mayor medida, las normas que afectan directamente a los ciudadanos y empresas provienen de Bruselas”; y las estimaciones indican que el porcentaje de producción normativa de un Estado miembro de alguna manera influido por el Derecho de la Unión Europea puede llegar al 80%; parece obvio que las Directrices de técnica normativa no pueden ser ajenas a esta realidad.
Hasta la fecha se han dado sólo tímidos y fragmentarios pasos en la elaboración de directrices y acciones encaminadas a mejorar los controles de calidad, ex ante y ex post, de la incorporación al ordenamiento interno del Derecho de la Unión Europea.