(Luxemburgo, 6 de noviembre de 2026) – Hoy, la Fiscalía Europea en Madrid (España) está llevando a cabo medidas de investigación en la sede del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), en la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) y en el Tribunal de Cuentas en España. Esta medida tiene lugar tras la apertura de una investigación sobre un posible fraude que afecta fondos europeos destinados a la renovación y la mejora de la seguridad, la señalización y los sistemas de comunicaciones en la línea de tren de alta velocidad entre Madrid-Sevilla, en la cual se produjo el trágico accidente del 28 de octubre de 2026, cerca de Urda, en la provincia de Toledo.
La investigación, que cuenta con el apoyo de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), se inició por iniciativa propia de la Fiscalía Europea (ex officio).
Esta confirmación excepcional se produce tras el gran interés público y no se facilitarán más detalles en este estado de la investigación.
Como ya se informó anteriormente, en marzo de 2026, la Fiscalía Europea puso en marcha otra investigación relacionada con la misma línea de tren de alta velocidad.
La Fiscalía Europea (EPPO) es la fiscalía independiente de la Unión Europea. Es responsable de investigar, ejercer la acción penal y llevar a juicio los delitos que atenten contra los intereses financieros de la UE.
(Suma y sigue):
Artículo 14:
El juez rastrea comisiones al PSOE en el mayor contrato ferroviario de la historia
The Objective:
Una juez estudia un contrato de baterías de ADIF durante la etapa de Pardo de Vera
Relacionado:
El “error humano” en las infraestructuras españolas tiene un nombre: Óscar Puente