Hoy aparece publicada en el BOE la “Ley 14/2022, de 8 de julio, de modificación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, con el fin de regular las estadísticas de las microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) en la contratación pública”.
A quien esto de la transparencia le de igual, no se molestará en abrir el archivo.
Pero, la referida ley (de trece páginas):
Tiene un preámbulo de tres.
La regulación a la que se refiere el título de la ley (transparencia) no llega a ocupar una.
El resto lo ocupa la:
Disposición final primera. Modificación de la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras.
Según el artículo 9.1 (Identificación y derogación expresa de las normas tributarias) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, “Las leyes y los reglamentos que contengan normas tributarias deberán mencionarlo expresamente en su título y en la rúbrica de los artículos correspondientes”.
El legislador incumple sus propias leyes.