Un año más, llueve sobre mojado.
NOTA DE PRENSA. Hay Derecho cuestiona los avances atribuidos a España por la Comisión Europea en su Informe del Estado de derecho de 2026: «Son anuncios que nunca llegan a ejecutarse»
La organización, citada reiteradamente por el Ejecutivo comunitario en su informe anual, recuerda la existencia de reformas paralizadas en el Congreso, planes anticorrupción sin ejecutar y autoridades de control sin medios suficientes
Madrid, 17 de julio de 2026.- La Comisión Europea ha publicado este viernes su séptimo Informe anual sobre el Estado de derecho, en el que atribuye a España avances en ámbitos como la reforma del Ministerio Fiscal, la información clasificada y la lucha contra la corrupción. La Fundación Hay Derecho, cuya contribución ha sido citada hasta en 15 ocasiones en el capítulo dedicado a España, advierte, sin embargo, de que buena parte de esos progresos se sustentan en proyectos legislativos paralizados, planes todavía sin ejecutar y autoridades de control que carecen de autonomía o medios suficientes.
«Detrás de esto se evidencian anuncios que nunca llegan a ejecutarse. Y solo con promesas de papel el Estado de derecho no se mejora», ha recalcado Safira Cantos, directora general de Hay Derecho.
Hay Derecho ha trasladado a la Comisión Europea, con datos, este patrón basado en reformas que se congelan en el Congreso, así como en normas ya aprobadas cuya aplicación efectiva no llega. La Comisión ha tenido en cuenta directamente la contribución de Hay Derecho como entidad consultada durante la elaboración del informe, como es ya costumbre cada año.
De las seis recomendaciones generales que la Comisión dirige a España en esta edición, dos merecen una lectura menos complaciente de la que sugiere el propio informe.
La primera es la relativa a los conflictos de interés y las declaraciones patrimoniales de altos cargos, donde Bruselas certifica un «avance limitado» –un eufemismo, a la vista de los datos: la Oficina de Conflictos de Interés apenas ha denegado el 3,3% de las autorizaciones de paso a la empresa privada solicitadas por altos cargos en la última década, y ha abierto solo 53 diligencias en ese mismo periodo–. Eso no es un organismo con dificultades; es un organismo que, en la práctica, no controla. Además, en España la Oficina carece de autonomía y depende funcionalmente del propio Gobierno. Un buen sistema de control no puede depender del propio controlador.
La segunda resulta más preocupante todavía, porque aquí la Comisión sí habla de «avance significativo»: la reforma de la Ley de Secretos Oficiales, sustituida por la futura Ley de Información Clasificada. El informe la valora positivamente por su mera existencia como proyecto aprobado en Consejo de ministros. Lo que no dice –porque no es su función auditar la tramitación parlamentaria mes a mes– es que ese proyecto lleva 36 prórrogas del plazo de enmiendas y sigue sin haber arrancado su tramitación real en el Congreso.
Llamar «avance significativo» a un proyecto de ley aprobado por el Gobierno hace un año y todavía congelado en su primer trámite parlamentario es, como mínimo, una valoración prematura.
Mandato del fiscal general: una propuesta congelada, no un avance real
La Comisión reconoce un progreso significativo en una reforma inexistente: la del Estatuto del fiscal general, que fijaría un mandato de cinco años para desvincularlo del mandato electoral del Gobierno. Es la reforma que llevamos pidiendo desde hace años pero sigue en tramitación parlamentaria, sin apoyos garantizados.
Aplaudir una reforma que nadie espera que se apruebe no es evaluar el estado de derecho real de un país, es evaluar sus intenciones.
CGPJ: tres años pidiendo lo mismo
Es la tercera vez consecutiva que el informe señala la necesidad de reformar el sistema de elección de los vocales de origen judicial del CGPJ.
Cuando un organismo europeo repite la misma recomendación tres años seguidos, el problema no es de diagnóstico, es de voluntad política.
Corrupción: el plan existe, la eficacia no llega
España sigue instalada en niveles de corrupción percibida que deberían preocupar a cualquier Gobierno: un 92% de los españoles cree que la corrupción está generalizada en el país (media UE: 71%), y más de la mitad se siente personalmente afectada por ella.
El Plan Estatal Anticorrupción presentado por el presidente del Gobierno hace un año está sin ejecutar en ninguno de sus puntos. Prevé una Autoridad Independiente de Integridad Pública que, tal y como Hay Derecho trasladó a la Comisión Europea, no se ha creado.
«Asistimos a una yincana de anuncios que no se materializan: ni se dota de medios para asegurar la protección a denunciantes de corrupción, ni se regulan los lobbies. No se aseguran autoridades de control con capacidad de controlar», ha señalado Cantos.
El registro de lobbies acumula ya 21 prórrogas del plazo de enmiendas sin ningún avance desde septiembre de 2025. Esto es más que falta de consenso, es una clara evidencia de la voluntad de no cumplir.
La Autoridad de Protección del Informante, por su parte, empezó a funcionar hace apenas unos meses con solo 14 de sus 23 plazas cubiertas y presupuesto provisional, a falta de Presupuestos Generales del Estado.
Es el patrón que venimos describiendo desde hace tres informes: anunciar no es lo mismo que aprobar y aprobar no es lo mismo que aplicar.
A esto se añade que hay seis comunidades autónomas que directamente carecen de autoridad competente para proteger a los denunciantes de corrupción (whistleblowers). Baleares, Canarias, Murcia, Extremadura, La Rioja y Aragón siguen al margen de la directiva europea, lo que puede suponer un procedimiento de infracción a España.
La politización de medios públicos (RTVE) y el acoso a periodistas son otras de las preocupaciones abordadas.
La Fundación Hay Derecho, como entidad consultada directamente por la Comisión Europea en la elaboración de este informe, seguirá vigilando que el papel se traduzca en hechos. Es por eso que ha anunciado este viernes la publicación, tras el verano, de una nueva edición de su propio Informe del Estado de derecho.
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