Hoy, 10 de noviembre de 2026, el Partido Popular presentó su Programa Electoral.
No obstante, no debería olvidarse el Plan de Calidad Institucional, presentado en Cádiz el 23 de enero de 2023 (en el Oratorio de San Felipe Neri), por el Presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.
Sobre algunas de las constantes preocupaciones de este blog, destacamos lo siguiente del Programa:
1.2 EL ESTADO DEJARÁ DE ASFIXIAR AL QUE CUMPLE Y DE SUBVENCIONAR AL QUE SE APROVECHA
7 PARA APROBAR UNA NORMA NUEVA, ELIMINAREMOS TRES VIGENTES. Cada nueva regulación irá acompañada de la supresión de tres normas innecesarias, obsoletas o duplicadas. Aprobaremos un decreto de simplificación para eliminar la burocracia que hace perder tiempo y dinero a ciudadanos y empresas. Antes de 2029 reduciremos las cargas administrativas generales un 25% y un 35% para las pymes. Nos sumaremos a la petición de varios países europeos de hacer una pausa de un año para que la Unión no genere nuevas normas hasta revisar todas las existentes.
8 LA ADMINISTRACIÓN CONFIARÁ EN EL CIUDADANO. Reformaremos la normativa estatal para que más actividades de bajo riesgo puedan iniciarse mediante declaración responsable. Ampliaremos los supuestos de silencio administrativo positivo en colaboración con las Comunidades Autónomas y las entidades locales, para que más solicitudes se entiendan aprobadas cuando venza el plazo sin que se haya notificado una resolución expresa, preservando las garantías de seguridad. Facilitaremos la subsanación de errores de buena fe. La Administración ayudará a corregir las equivocaciones y perseguirá a quien actúe fraudulentamente.
10 SE LE RECONOCERÁ DE OFICIO LO QUE CORRESPONDE. Revisaremos uno a uno los procedimientos de la Administración del Estado para suprimir los que no hagan falta y automatizar de principio a fin los repetitivos, con inteligencia artificial y con supervisión humana en toda decisión que afecte a derechos. Cuando la Administración ya tenga los datos, las ayudas y prestaciones a las que un ciudadano tenga derecho se le reconocerán sin que tenga que pedirlas.
11 Y LA ADMINISTRACIÓN CUMPLIRÁ SUS PLAZOS COMO CUMPLIMOS TODOS. Acortaremos los plazos legales de devolución de impuestos, optimizaremos la diferencia entre retención y recaudación y agilizaremos el pago de las ayudas reconocidas. El Estado será tan diligente para devolver y pagar como para cobrar. Integraremos en un mismo expediente la tramitación de todas las autorizaciones o informes que necesite un proyecto o prestación (estatales, autonómicos y locales) y los que no dependan unos de otros se solicitarán simultáneamente. Reformaremos las reglas de suspensión para que los informes no vinculantes dejen de paralizar los expedientes cuando llegan tarde.
12 NINGUNA SUBVENCIÓN SE PRORROGARÁ SIN DEMOSTRAR RESULTADOS. Las subvenciones sólo se prorrogarán tras una evaluación positiva de sus resultados. Las ayudas se repartirán con baremos públicos y objetivos, y las de mayor importe incorporarán indicadores obligatorios de resultado. Reforzaremos con más recursos aquellas que son útiles y eliminaremos las que no lo son. Sustituiremos las ayudas directas por procesos competitivos siempre que sea posible, para eliminar la discrecionalidad. También priorizaremos las reducciones, exenciones o créditos fiscales sobre la subvención, para incentivar que el beneficiario se haga responsable de su éxito.
02 REGENERAR LA DEMOCRACIA
2.2 NADIE GOBERNARÁ SIN PRESUPUESTOS NI GASTARÁ SIN CONTROL
65 DOS PRÓRROGAS PRESUPUESTARIAS OBLIGARÁN A CONVOCAR ELECCIONES. El Gobierno cumplirá con su obligación constitucional de presentar cada año los Presupuestos Generales del Estado para que las Cortes los debatan. Promoveremos las reformas necesarias para que una segunda prórroga consecutiva provoque la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones.
66 EL SENADO TAMBIÉN CONTROLARÁ CÓMO SE GASTA CADA PRESUPUESTO. El Senado examinará cada año la ejecución de los Presupuestos Generales del Estado y controlará la ejecución de los fondos europeos y las transferencias a las Comunidades Autónomas.
2.3 EL PODER NO CONTROLARÁ A QUIEN LO VIGILA
67 LA INDEPENDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ES UNA PRIORIDAD DEMOCRÁTICA. El Tribunal Constitucional debe ser percibido y funcionar como una institución jurídica independiente, no como una prolongación de las mayorías políticas. Ningún candidato podrá haber ocupado cargos políticos durante los cinco años anteriores y estableceremos un régimen estricto de incompatibilidades. Reforzar la independencia, la autoridad y la legitimidad del Tribunal Constitucional es esencial para que los límites al poder sean creíbles y las reglas constitucionales sean respetadas por todos. Ningún magistrado participará en la decisión sobre la constitucionalidad de una norma en cuya elaboración o impulso haya participado desde el Gobierno o la Administración.
68 LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL DEBE LLEGAR A TIEMPO. La protección de la Constitución pierde eficacia cuando las decisiones llegan después de que el daño institucional se haya producido. Los recursos de inconstitucionalidad contra leyes que afecten a derechos fundamentales se resolverán en noventa días. Ampliaremos el recurso previo de inconstitucionalidad a las leyes orgánicas sobre los poderes del Estado y las instituciones de relevancia constitucional. Se publicarán los asuntos pendientes, las normas de reparto y el sentido del voto de cada magistrado una vez resuelto el asunto. El Tribunal aprobará en seis meses un código ético que proteja el secreto de sus deliberaciones y fije consecuencias para las filtraciones. Ampliaremos en la ley las causasde abstención y recusación de los magistrados.
69 Y EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL NO SERÁ UNA SEGUNDA INSTANCIA SOBRE EL TRIBUNAL SUPREMO. El recurso de amparo protegerá los derechos fundamentales, pero no servirá para volver a revisar la interpretación de la legalidad ordinaria que corresponde al Tribunal Supremo. Reformaremos la legislación procesal y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para delimitar con claridad qué recursos de amparo admite y qué efectos tienen sus decisiones.
70 EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO NO DEPENDERÁ DEL GOBIERNO. La Fiscalía debe defender la legalidad, no los intereses políticos de quien ocupa el poder. Aprobaremos un nuevo Estatuto del Ministerio Fiscal. El fiscal general tendrá un mandato único de cinco años y, como recomienda la Comisión Europea, no cesará con el Gobierno que lo propuso. El informe del Consejo General del Poder Judicial sobre su idoneidad será preceptivo y vinculante para su nombramiento. Su procesamiento conllevará el cese inmediato y automático.
71 LA IMPARCIALIDAD DE LA FISCALÍA PROTEGERÁ A CADA FISCAL. Reforzaremos el Consejo Fiscal para revisar las órdenes controvertidas y proteger la autonomía profesional. Regularemos el reparto de asuntos y la resolución de discrepancias. Los nombramientos y ascensos responderán a criterios objetivos y necesitarán el respaldo del Consejo Fiscal. La Fiscalía gestionará su presupuesto y su organización interna con autonomía. Sus comunicaciones con el Gobierno serán escritas y públicas, salvo las materias legalmente reservadas.
72 LOS JUECES ELEGIRÁN A LOS JUECES. Los jueces y magistrados de todas las categorías elegirán a los doce vocales judiciales del Consejo General del Poder Judicial. Mantendremos la evaluación pública de méritos de los ocho juristas que designan las Cortes. Extenderemos a todos los vocales la incompatibilidad por haber ocupado cargos políticos en los cinco años anteriores a su elección. Adaptaremos el sistema de renovación para impedir que el bloqueo parlamentario paralice el Consejo. Las plazas del Tribunal Supremo se cubrirán por concurso reglado de méritos, con decisiones motivadas y públicas, exigiendo que en la antigüedad mínima de veinte años en la carrera judicial que ya exige la ley no se compute el tiempo en servicios especiales por el desempeño de cargos políticos. Los jueces y fiscales que hayan ocupado cargos políticos no podrán volver a juzgar ni a ejercer la acusación hasta cinco años después de su cese.
73 PROTEGEREMOS LA INDEPENDENCIA DE LOS JUECES. Reforzaremos en la Ley Orgánica del Poder Judicial su amparo frente a las presiones políticas y mejoraremos los medios materiales y tecnológicos de juzgados y tribunales. Fortaleceremos la protección penal frente a amenazas, coacciones e injurias graves y estableceremos sanciones administrativas para intimidaciones que no constituyan delito. Los Reglamentos de las Cámaras impedirán citarlos para responder por sus actuaciones judiciales.
74 LA ABOGACÍA DEL ESTADO NO DEFENDERÁ INTERESES PARTICULARES DE LOS ALTOS CARGOS. Reformaremos su Reglamento para que el ejercicio de acciones judiciales en nombre de un miembro del Gobierno requiera una justificación expresa del interés general y de su relación con las funciones del cargo. La asistencia jurídica pública no podrá utilizarse para pleitos particulares ajenos al ejercicio legítimo de esas funciones.
75 REFUNDAREMOS EL CIS PARA DEVOLVERLE SU INDEPENDENCIA Y SU PRESTIGIO TÉCNICO. Su dirección será científica y profesional, reduciremos los puestos de confianza y su presidente tendrá un mandato propio, que no dependerá de quien gobierne. Auditaremos su actividad desde 2018, recuperaremos las series históricas y daremos mayor transparencia a sus métodos, muestras y datos. El CIS concentrará su trabajo en conocer los grandes cambios de la sociedad española —familia, infancia, envejecimiento y movilidad social—. El Congreso de los Diputados podrá requerirle cualquier informe o investigación que se esté realizando o se haya realizado en cualquier momento.
79 EL CONSEJO DE ESTADO SERVIRÁ AL ESTADO, NO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS. Modificaremos los requisitos para nombrar a su presidente: no podrán ser elegidos aquellos candidatos que en los últimos cinco años hayan ocupado puestos como cargo electo, miembro de gobiernos o cargo orgánico en un partido político u organización sindical o empresarial. El candidato a presidente comparecerá en el Congreso de los Diputados con carácter previo a su nombramiento, y se emitirá un dictamen sobre su idoneidad y la ausencia de conflictos de intereses. Además, potenciaremos su papel: el Consejo de Estado dictaminará antes de su aprobación todos los anteproyectos de ley orgánica y publicará sus dictámenes.
80 EL TRIBUNAL DE CUENTAS FISCALIZARÁ EN TIEMPO ÚTIL, NO CUANDO YA SEA TARDE. Afianzaremos su independencia, profesionalidad y capacidad técnica para que pueda detectar irregularidades y exigir responsabilidades con mayor rapidez. Tendrá acceso en tiempo real a los datos de contratación, subvenciones, financiación política Y grandes transferencias de fondos públicos. Dotaremos de mayor transparencia y publicidad a sus decisiones.
81 LOS ÁRBITROS SERÁN INDEPENDIENTES. Aprobaremos un marco común de gobernanza para los reguladores y las autoridades independientes, como el Banco de España, la CNMC, la CNMV, la AIReF y la Agencia Española de Protección de Datos. Sus máximos responsables serán elegidos entre profesionales independientes de acreditado prestigio que no hayan ejercido recientemente cargos políticos.
2.4 LA POLÍTICA NUNCA SERÁ UN NEGOCIO
85 LA INFORMACIÓN PÚBLICA NO SE OCULTARÁ SIN JUSTIFICACIÓN. Transformaremos el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en una Autoridad Independiente de Transparencia y Buen Gobierno, que absorberá también la Oficina de Conflictos de Intereses, con capacidad efectiva para hacer cumplir sus resoluciones y sancionar los incumplimientos. Exigiremos que toda denegación de información esté motivada de forma expresa.
2.5 EL PARLAMENTO VOLVERÁ A HACER BUENAS LEYES Y A CONTROLAR AL GOBIERNO
86 LA POLÍTICA VOLVERÁ AL PARLAMENTO. Devolveremos a las Cortes su posición central en la política española, su prestigio y el pleno ejercicio de sus funciones, revirtiendo la deriva presidencialista de los últimos años. Gobernaremos con lealtad institucional y respeto a la división de poderes.
87 LAS LEYES SE DEBATIRÁN SIN TRAMPAS NI ATAJOS. Reformaremos los Reglamentos del Congreso y del Senado para limitar las prórrogas sucesivas de los plazos, de modo que sus Mesas no puedan bloquear una ley alargándolos injustificadamente ni vaciar el debate acortándolos a conveniencia. No se admitirán enmiendas ajenas al contenido de las leyes. Cada ley explicará el coste que impone a ciudadanos y empresas. Las que no cumplan su objetivo se corregirán o se derogarán. Las decisiones de las Mesas serán públicas. Reforzaremos los servicios jurídicos de las Cámaras y exigiremos que las Mesas motiven cualquier decisión que se aparte de sus informes. Las solicitudes de reconsideración deberán resolverse antes de la finalización de la tramitación de la ley a la que afecten. Fijaremos, además, plazos máximos para tramitar, debatir y votar en el Congreso las proposiciones de ley remitidas por el Senado.
88 LA EXCEPCIÓN VOLVERÁ A SER SÓLO UNA EXCEPCIÓN. Reservaremos el decreto-ley a situaciones verdaderamente extraordinarias y urgentes. No podrá aprobarse otro con el contenido sustancial de uno rechazado por el Congreso durante el mismo periodo de sesiones. Limitaremos también el recurso a la urgencia, la lectura única y los procedimientos excepcionales que reducen el debate parlamentario. La falta de apoyos o la conveniencia del Gobierno no justificarán eludir la deliberación de las Cortes.
89 EL GOBIERNO NO PODRÁ ESQUIVAR EL CONTROL DE LAS CORTES. Aseguraremos que el presidente y los miembros del Gobierno atiendan sin subterfugios las comparecencias acordadas por el Congreso y el Senado en el plazo que fijen sus Reglamentos. Cualquier imposibilidad de asistencia deberá justificarse con razones concretas, suficientes y debidamente acreditadas. El incumplimiento injustificado tendrá consecuencias parlamentarias expresamente previstas en los Reglamentos. El debate sobre el Estado de la Nación se celebrará en cada año completo de legislatura.
90 LAS LEYES SE HARÁN A LA VISTA DE TODOS. Regularemos la actividad de los lobbies ante el Gobierno y las Cortes. Crearemos un Registro Nacional público y obligatorio, dependiente de la Autoridad Independiente de Transparencia, en el que conste a quién representa cada grupo de interés.
91 LOS SECRETOS OFICIALES TENDRÁN LÍMITES Y FECHA DE CADUCIDAD. Sustituiremos la Ley de Secretos Oficiales de 1968 por una nueva regulación con criterios claros para clasificar información, plazos máximos de desclasificación y control judicial efectivo. La información reservada deberá responder a una necesidad real de protección de la seguridad y los intereses del Estado, no a la conveniencia de quien gobierna.
3.4 RECUPERAR LO QUE COMPARTIMOS
127 EL CASTELLANO VOLVERÁ A SER LA LENGUA COMÚN DE TRABAJO EN EL CONGRESO. Propondremos la reforma del Reglamento de la Cámara para que los debates parlamentarios se desarrollen en la lengua común de todos los españoles. Del mismo modo, el castellano será la lengua de trabajo en los órganos de máximo nivel de cooperación entre el Gobierno de España y las Comunidades Autónomas, sin perjuicio del reconocimiento y protección de las lenguas cooficiales en sus respectivos ámbitos. Mantendremos la posibilidad de uso de las lenguas cooficiales en el Senado.
128 LOS SÍMBOLOS DE ESPAÑA SERÁN RESPETADOS EN TODO EL TERRITORIO. Llevaremos a cabo una reforma legal que rehabilite y proteja los símbolos del Estado, incluidos los de las Comunidades Autónomas.
129 DEROGAREMOS LA LEY DE MEMORIA DEMOCRÁTICA Y APROBAREMOS UNA LEY DE CONCORDIA. Derogaremos la mal llamada «ley de memoria democrática», corredactada por Bildu, porque no puede haber justicia ni reconciliación cuando se pacta con quienes niegan el sufrimiento de las víctimas y pretenden reescribir la historia —con los victimarios— desde la manipulación y el enfrentamiento. La sustituiremos por una norma de concordia que proteja la investigación histórica, la reconciliación y el legado constitucional de la Transición, y que mantenga, con carácter humanitario, la búsqueda e identificación de desaparecidos.
4.4 LOS ESPAÑOLES PAGARÁN MENOS IMPUESTOS
182 HACIENDA CONFIARÁ EN EL CONTRIBUYENTE QUE CUMPLE. Aprobaremos un Estatuto del Contribuyente que cambie la relación con Hacienda. Reconoceremos el derecho al error y garantizaremos que ningún cambio de criterio desfavorable se aplique con efecto retroactivo. Simplificaremos el sistema tributario y reforzaremos el Consejo para la Defensa del Contribuyente y las garantías institucionales para ofrecer mayor seguridad al contribuyente y hacer más previsible la política tributaria. Mediremos y evaluaremos los resultados de estas medidas para comprobar su eficacia.