La norma cuestionada es el Real Decreto Ley 6/2019, de 1 de marzo. Sí, del año 2019.
Dice la STC que “el Gobierno ha explicado y razonado de forma suficiente, tal y como demanda el artículo 86.1 CE, la situación de “extraordinaria y urgente necesidad” que justifica la norma. Además, la sentencia subraya que existen razones de peso al considerar “los resultados discretos, cuando no insignificantes” alcanzados hasta ese momento por la regulación legal en la materia, la LO 3/2007, así como la demora que se estaba produciendo en la realización efectiva la igualdad entre hombres y mujeres, lo que exigía acción normativa inmediata mediante la elaboración de un nuevo texto articulado, integral y transversal, fundado en los arts. 9.2 y 14 de la Constitución”.
A ver si me entero: parece que las (¿legítimas?) prisas para adoptar un decreto-ley vienen porque el legislador de 2019 considera que una ley de 2007 ha obtenido unos resultados insignificantes y que ello producía demora…
Todo un auténtico sarcasmo. El Tribunal Constitucional otorga patente de corso al Gobierno de turno para gobernar por decreto-ley, de espaldas al Parlamento.