Paquete de procedimientos de infracción de noviembre
La Comisión insta a España a que transponga correctamente las normas de la UE de lucha contra el fraude que afecta al presupuesto de la Unión
La Comisión Europea ha decidido hoy enviar una carta de emplazamiento complementaria a España [INFR(2021)2235] por haber transpuesto incorrectamente a su legislación nacional las normas de la UE relativas a la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal [Directiva (UE) 2017/1371, «la Directiva PIF»].
La Directiva es una piedra angular de la arquitectura de lucha contra el fraude de la UE. Protege el presupuesto de la UE, puesto que armoniza las definiciones, las sanciones y las reglas de competencia relacionadas con el fraude y otros delitos que afectan a los intereses financieros de la UE. También sienta las bases de la competencia de la Fiscalía Europea.
El plazo para transponer la Directiva al Derecho nacional expiró el 6 de julio de 2019. En diciembre de 2021, la Comisión envió una carta de emplazamiento a España en la que señalaba determinadas deficiencias en la transposición de la Directiva PIF, por ejemplo, en relación con la definición de corrupción.
La Comisión ha determinado ahora que España, además de las deficiencias señaladas anteriormente, no incluye adecuadamente el delito de malversación de fondos de la UE y prevé una pena máxima de prisión inferior al nivel exigido por la Directiva. Por consiguiente, la Comisión envía una carta de emplazamiento complementaria a España, que dispone ahora de dos meses para responder y subsanar las deficiencias señaladas por la Comisión. De no recibirse una respuesta satisfactoria, la Comisión podría optar por emitir un dictamen motivado.
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El asunto continúa abierto a raíz de una denuncia, señalando la Comisión que no ha podido tomar una decisión de emplazamiento o de archivo del caso al afectar a un asunto complejo que suscita cuestiones merecedoras de un examen más detallado, al que se está procediendo actualmente. Es un caso evidente de utilización política del procedimiento de infracción.