Mi artículo, publicado hoy en Artículo 14.
La Comisión Europea acaba de ampliar el expediente de infracción abierto a España por la legislación que el Gobierno invocó para obstaculizar la compra de Sabadell por BBVA, auténtica arbitrariedad anclada en los tejemanejes gubernamentales con el independentismo catalán.
En su día, asistimos al arbitrario y oscuro veto gubernamental a una empresa húngara (de un país de la UE) para la compra de Talgo. Hace unos días, el conocido economista José Carlos Díez ha manifestado que la operación del PNV y la SEPI para salvar a Talgo “apesta”. Y ahora acabamos de asistir al registro por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) de la sede de Tubos Reunidos, sobre cuyo rescate por 112,8 millones de euros existen serias dudas. Estas dos operaciones deben formar parte de lo que se denomina cupo vasco.
Qué no decir de la arbitraria persecución gubernamental (todo el Gobierno en tromba, incluido el ahora gobernador del Banco de España) a una de nuestras grandes constructoras, Ferrovial, porque decidió -amparado en las libertades del derecho europeo- trasladar su sede a otro país de la UE, Holanda, debido a que nuestra legislación no le permitía cotizar directamente en Estados Unidos. Prueba de ello es que actualmente, años después, está en tramitación un reglamento que trata de mejorar la legislación aplicable.
Añadamos las gestiones de Zapatero y sus adláteres en el rescate de Plus Ultra, así como las gestiones sobre el cuestionado rescate (al menos en el ámbito procedimental) de Air Europa y los tratos con el corrupto y criminal gobierno venezolano para el cobro de sus deudas.
Hemos asistido a la intervención arbitraria de un miembro del gabinete presidencial, carente de la más mínima legitimidad democrática y sin acreditado currículo profesional (más allá de las apócrifas loas fabricadas por sus padrinos) en la que “despide” o señala la puerta de salida a un presidente de una gran empresa (Telefónica). Todo un atentado contra las más elementales reglas de gobierno corporativo. Como lo expresó el presidente de Hay Derecho, el “boleto” se dio no por el accionista de Telefónica (la SEPI) sino por un mero lacayo del presidente del Gobierno (el responsable de la Oficina Económica de la Moncloa). “Manuel de la Rocha citó en su despacho monclovita al presidente de Telefónica de España para despedirle simple y llanamente, con educadas maneras y también sin ninguna capacidad legal al respecto”, Juan Luis Cebrián, dixit.
En su día, también se publicó, en lo que respecta al férreo control gubernamental sobre los medios de comunicación, que “el ministro Óscar López presionó en París a Vivendi para forzar la marcha de Oughourlian y tomar así el control de Prisa”.
Ítem más. El abortado intento de los Escribano, con el inicial beneplácito gubernamental, de “asaltar” Indra y dar el pelotazo del siglo, con evidente conflicto de intereses, como denunció la Fundación Hay Derecho. Abortado, seguramente, por no atenerse a las indicaciones de las cloacas económicas monclovitas (ceder poder en Indra a cambio de la fusión). También sobre este asunto el economista José Carlos Díez dijo que “huele que apesta”.
A todo lo anterior debe añadirse la sub-cloaca de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), a tenor de todas las informaciones que aparecen en torno a su antiguo presidente y persona de confianza de la exministra de Hacienda, señora Montero, y relacionado con la denominada “fontanera” Leire Díez, perejil que aparece en la mayoría de las salsas putrefactas abiertas actualmente en los tribunales.
Como colofón, es lógico pensar que el anuncio presidencial de enero de este año de crear un “fondo soberano”, con una capacidad de inversión de al menos 10.500 millones de euros -procedentes de fondos de la UE-, no servirá para otra cosa que para ser usado con fines políticos, claramente espurios. Añadido a la colonización de las “autoridades independientes”, por la peor clase política que hemos conocido.
La Comisión Europea, antes de que sea demasiado tarde, debería tomar cartas en este asunto e incluir esta concatenación de arbitrariedades en su informe sobre el Estado de Derecho en la UE (capítulo español) que hasta ahora no ha sido más que un placebo.