Información de Gema Huesca en Vozpópuli:
“La Junta de Fiscales avala investigar a Puigdemont en el Supremo por terrorismo en Tsunami
La Junta de Fiscales rechaza por mayoría la ponencia del fiscal Álvaro Redondo que se oponía a investigar al expresidente catalán por delito de terrorismo y fuerzan una nueva redacción en la que proponen que el Supremo investigue ‘Tsunami’
Relacionado:
La Sentencia de nuestro Tribunal Supremo, del 22 de noviembre de 2023, por la que se constata la desviación de poder del Fiscal General del Estado, respecto al nombramiento arbitrario de la anterior Fiscal General del Estado y Ministra de Justicia.
Un relato circunstanciado y documentado del trasfondo de este asunto puede leerse en el editorial de diario ABC del 21 de noviembre: “Fiscalía General del Sanchismo”.
Puede verse también el artículo de Jorge Agudo González, Catedrático de Derecho Administrativo, en Hay Derecho, 4 de diciembre de 2023: “Pero ¿qué pasa en la Fiscalía General del Estado? “Cuando el río suena…”
Acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, de 30 de noviembre de 2023, por el que considera que Álvaro García Ortiz no es idóneo para el cargo de fiscal general del Estado.
Carta remitida el 24 de enero de 2024 al Fiscal General del Estado por varios vocales del Consejo Fiscal, acusándole de sustraer al conocimiento del Consejo Fiscal, durante semanas, de la petición del Senado, de 7 de diciembre de 2023, para que el Consejo Fiscal emitiera un informe sobre la proposición de ley de amnistía.
05/02/2024. Inquietante información de Ángela Martialay, en El mundo:
La Fiscalía admite ahora la existencia de dos informes para responder a la exposición razonada del juez Manuel García-Castellón sobre el ex presidente Carles Puigdemont en el caso de Tsunami Democràtic.
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En el primero de los informes, fechado el pasado 26 de enero, de 63 folios de extensión, que lleva su firma, se sostiene que «la participación de Puigdemont en las conductas consistentes en realizar actos que afectaron a dichos bienes jurídicos, con la evidente intención de atentar gravemente contra la paz pública y obligar a los poderes públicos, puede considerarse, al menos en este momento procesal, como ilícito penal, y concretamente como delito de terrorismo».
En el segundo de los informes, firmado cuatro días después, el fiscal descarta el delito de terrorismo y afirma que en el caso de Tsunami Democràtic se produjeron delitos de desórdenes públicos”.