Hace escasos días publiqué un artículo cargado de escepticismo: ¿Hará algo el Defensor del Pueblo por el Consejo de Transparencia?
Pocos días después, el Consejo de Transparencia puso de manifiesto que la situación descrita en el artículo iba a peor: “Récord histórico de reclamaciones ante el Consejo: 3.021 entre enero y septiembre, más que en todo 2025”:
“El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha recibido en los nueve primeros meses de 2026 una cifra récord de 3.021 reclamaciones presentadas por personas disconformes con la respuesta, o la falta de ella, de las administraciones a sus solicitudes de información pública. La cifra supone un 75 % más que en el mismo periodo de 2025 y supera ampliamente las 2.767 reclamaciones registradas durante todo el año pasado”.
La información no deja lugar a dudas sobre la magnitud del problema. El incremento de las reclamaciones evidencia una presión creciente sobre un organismo cuya función es esencial para garantizar la efectividad del derecho fundamental de acceso a la información pública.
¿Y cuál ha sido la respuesta del Defensor del Pueblo? Precisamente la que menos cabía esperar de una institución llamada a proteger los derechos de los ciudadanos frente a la actuación de los poderes públicos.
Pues bien, se han cumplido los peores augurios. Esta es la indecorosa respuesta del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, que debe de estar recogiendo el escritorio, pues en pocos días, afortunadamente, vence su mandato:
“…/…
Por otra parte, se ha recibido su último escrito en el que refiere que, más allá del caso concreto que ha sido investigado el Defensor del Pueblo, de la contestación remitida por el consejo se infiere la carencia de los medios necesarios para cumplir correctamente con su función, por lo que solicita que esta institución abra una investigación general sobre las carencias y necesidades del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, a fin de formular a las autoridades recomendaciones y sugerencias para la adopción de las medidas necesarias para que el consejo pueda realizar su labor con eficacia.
El Real Decreto 615/2024, de 2 de julio, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, A.A.I., en desarrollo de lo previsto en el artículo 40 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, dispone en su artículo 9 que el Consejo debe elaborar una memoria anual que comprenderá: a) la información sobre su funcionamiento orgánico, b) el desarrollo de sus actividades y c) la evaluación del grado de aplicación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre.
La memoria anual se remitirá a las Cortes Generales y la persona titular de la Presidencia del Consejo comparecerá en la comisión parlamentaria correspondiente para dar cuenta de la misma.
Por consiguiente, es esa la vía que está prevista en la Ley para que las Cortes Generales tengan puntual conocimiento acerca del funcionamiento del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y del cumplimiento del grado de aplicación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre.
Por ello, no se considera que se encuentre justificada en este momento la intervención de esta institución si bien le agradecemos la sugerencia formulada y la confianza depositada en esta institución”.
En definitiva, el Defensor del Pueblo considera que no procede intervenir porque el ordenamiento jurídico ya contempla un mecanismo para que las Cortes Generales conozcan el funcionamiento del Consejo de Transparencia: la memoria anual y la comparecencia parlamentaria de su presidente.
Pero una cosa es que exista un mecanismo de rendición de cuentas y otra muy distinta que ese mecanismo baste para resolver una situación de insuficiencia de medios que puede comprometer el ejercicio efectivo de un derecho.
La cuestión que planteé no consistía en averiguar si las Cortes Generales reciben información sobre el funcionamiento del Consejo. Eso ya lo sabemos. Lo que solicité fue algo sustancialmente distinto: que el Defensor del Pueblo examinara las carencias y necesidades de un organismo que, según la información disponible, carece manifiestamente de los medios necesarios para desarrollar adecuadamente sus funciones, y que valorase la formulación de las recomendaciones oportunas a las autoridades competentes.
La respuesta recibida elude, a mi juicio, el núcleo del problema. Se remite a un cauce parlamentario de información y control, pero no explica por qué la existencia de ese cauce haría innecesaria una actuación propia del Defensor del Pueblo.
Y el problema no es menor. Cuando se disparan las reclamaciones de los ciudadanos frente a la falta de respuesta de las administraciones a sus solicitudes de información pública, la capacidad del órgano encargado de resolverlas no es una cuestión meramente organizativa o burocrática. Está en juego la efectividad del derecho de acceso a la información y, con ella, la transparencia de los poderes públicos.
El Defensor del Pueblo conoce, además, el funcionamiento del Consejo de Transparencia de primera mano: el secretario general de aquella institución forma parte de la Comisión de Transparencia del Consejo. Cuesta, por tanto, aceptar que las dificultades de este organismo puedan considerarse una cuestión ajena o insuficientemente conocida.
Sin embargo, en su mandato, este Defensor del Pueblo ha ejercido, fuera de sus funciones constitucionales y legales, actuando por tanto ultra vires, en asuntos tales como la fiscalización, no de Administración pública alguna (que es su estricta misión constitucional) sino de la Iglesia Católica en relación con la reparación por abusos de menores. Ha validado, también de forma indecorosa, decretos-leyes como aquel por el que se regaló al Partido Nacionalista Vasco un palacete en París, sin que existiera (aparte de justificación) la más mínima urgencia ni extraordinaria necesidad exigida por la Constitución.
Y últimamente, actuando de la forma más servil, ha hecho el más estrepitoso ridículo planteando un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la suspensión de la denominada “ley de nietos”, siendo inadmitido, como era de esperar.
Si el Defensor del Pueblo no considera justificada su intervención ante estas circunstancias, cabe preguntarse qué tendría que suceder para que la considerase necesaria.
Ángel Gabilondo está próximo a concluir su mandato. Cabe esperar que quien le suceda entienda que la defensa de los derechos de los ciudadanos no se agota en recordar los cauces formales de rendición de cuentas, sino que exige examinar si estos resultan suficientes cuando están en juego las garantías efectivas de un derecho.
¿Alguien vendrá que bueno le hará?
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