El presidente del Partido Nacionalista Vasco (PNV) ha dicho que:
Ortuzar saca pecho: «Hemos arruinado las posibilidades de Feijóo de ir a una investidura»
Casi al mismo tiempo, un diputado de su partido (que no hay que olvidar que ha sido unos de los socios que hizo posible el gobierno de la legislatura que acaba de terminar), el señor Legarda Uriarte, echó, en sede parlamentaria, el siguiente severo rapapolvo retrospectivo al Gobierno, en el debate, en el Congreso de los Diputados de la convalidación del Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio (Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, nº 274. Sesión de la Diputación Permanente núm. 12, celebrada el miércoles 26 de julio de 2023):
“… si bien en esta XIV el decreto ley ha sido una forma ordinaria de legislar.
No cuestionamos que durante la pandemia se haya hecho uso de esta forma de legislar con carácter general o que se mantuviera para determinados supuestos a raíz de la crisis de las cadenas logísticas o con ocasión de las consecuencias por la guerra de Ucrania, pero lo que no tiene justificación, desde nuestro punto de vista, es el uso abusivo de este procedimiento por el Poder Ejecutivo para eludir la tramitación ordinaria de una iniciativa legislativa tanto en sede del Poder Ejecutivo como del Legislativo, tal como ha venido sucediendo —decía— en esta XIV Legislatura, situación que se agrava cuando, como en el presente caso, el Gobierno aprueba el decreto ley una vez convocadas las elecciones, mezclando en el mismo texto la prórroga del escudo social hasta fin de año con otras cuestiones impropias de un decreto ley en las circunstancias en las que nos encontramos. Y esa mezcla de asuntos —tengo que decirlo— no es ingenua, la venimos viendo durante toda la legislatura y tiene por finalidad dificultar la no convalidación en el trámite parlamentario del decreto ley, ya que el debate de convalidación se produce sobre la totalidad del decreto. En definitiva, se mezclan cuestiones sociales o de otra índole, pero de tratamiento indubitado por decreto ley, con otras que no lo son, y que en un proyecto de ley podrían tener dificultades por su propio contenido, para que sobre estas no quepa debate, pues, si se rechazan, se rechazan también aquellas otras regulaciones que normalmente tienen un gran impacto social.
Es cierto que se podría alegar que cabe la convalidación del decreto ley y su tramitación como proyecto de ley para debatir sobre cualquier aspecto de este, pero aquí también hago dos observaciones. Sobre la tramitación como proyecto de ley, en esta legislatura nos hemos cansado de ver el bloqueo de estos proyectos de ley con el expediente de prorrogar sine die el trámite de enmiendas. En definitiva, una vez convalidado un decreto ley, usando el gancho de parte de su contenido por su alto impacto social, ya no hay modo de debatirlo como proyecto de ley si, en su caso, así se acordó junto a la convalidación. Pero, es más, en ocasiones, como el caso que nos ocupa, ni siquiera es posible tramitar el decreto ley como un proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, ya que esta Diputación Permanente, como órgano de continuidad de la Cámara, en los casos de disolución o extinción del mandato del Congreso, como ahora acontece, ha de aplicar el principio de caducidad, en virtud del artículo 207 del Reglamento, si se acordara la tramitación del decreto ley como proyecto de ley, como así ha sucedido en anteriores legislaturas, en concreto, en la XII.
Señorías, el Grupo Parlamentario Vasco considera una auténtica anomalía en el sistema parlamentario el uso indiscriminado de los decretos leyes por el Gobierno, tal y como ha sucedido en esta legislatura y del que es buen exponente el que ahora debatimos, usando asuntos gancho de alto interés social para dar cobertura y posibilitar el arrastre a otros contenidos y así evitar la ordinaria elaboración de proyectos de ley y su posterior debate y tramitación en las Cortes o, como alternativa, su tramitación como decretos leyes independientes.
La XV Legislatura debe ser el momento para que este improcedente y, a nuestro juicio, desleal modo de proceder del Gobierno se erradique de nuestro sistema parlamentario y para que también dejen de bloquearse durante la tramitación parlamentaria iniciativas legislativas por el procedimiento de prorrogar indefinidamente, semana tras semana, los plazos para enmiendas”.
Dichas manifestaciones en sede parlamentaria, que son de aplaudir aunque lleguen algo tarde, están en plena sintonía con lo prometido en el Programa Electoral del Partido Popular (PP) y en su Plan de Calidad Institucional, que –expressis verbis– “supone un contrato con nuestro país… (y las propuestas) las impulsará en su totalidad en los cien primeros días de la próxima legislatura”; pero que el PP no podrá poner en práctica si, finalmente, se produce efectivamente lo expresado por el señor Ortuzar, «Hemos arruinado las posibilidades de Feijóo de ir a una investidura».
Entre las medidas contempladas por el PP en su programa pueden destacarse, respecto a la denominada better regulation, las siguientes:
a) Fortalecimiento de la ley del Consejo de Estado para potenciar su papel como máximo órgano consultivo, garantizando su intervención asesora. Se articulará reglamentariamente el mecanismo para la solicitud de informes al Consejo de Estado sobre proyectos de ley que se remitan al Congreso sin que el Gobierno haya recabado su dictamen. Dotación de mayor transparencia y publicidad a sus decisiones y reforma del sistema de nombramientos para garantizar el prestigio profesional, el mérito y la capacidad jurídica de todos sus miembros;
b) Limitación del uso del decreto-ley, asumiendo la voluntad de no incorporar al mismo medidas que no van a entrar en vigor de forma inmediata;
c) Garantía de que no se bloquee la tramitación de los proyectos de ley derivados de un decreto-ley, haciendo obligatoria la motivación de las prórrogas de enmienda;
d) Reforzamiento de las mayorías necesarias para la aprobación de las sucesivas ampliaciones del plazo de presentación de enmiendas;
e) Limitación de la utilización del procedimiento legislativo de urgencia;
f) Reforma de la Ley del Gobierno, con el fin de mejorar la planificación y tramitación normativa, así como la rendición de cuentas ante el Congreso;
g) Inclusión en la memoria económica de los proyectos de ley del coste estimado que la nueva normativa genera a los ciudadanos, más allá del impacto presupuestario;
h) Creación de una Oficina de calidad legislativa, cuya función principal será asegurar la calidad normativa en todas las fases de tramitación;
i) Necesidad de informes técnicos también en el caso de las proposiciones de ley;
j) Prohibición de introducir enmiendas “intrusas”, que no guarden una conexión de homogeneidad con el objeto material de la norma en tramitación;
k) Apertura, en la elaboración de las leyes, de cauces de participación telemática en las cámaras legislativas que posibiliten la presentación de propuestas relativas al contenido de las proposiciones y proyectos de ley que se estén tramitando por parte de todas aquellas personas y asociaciones que estén interesadas en hacerlo. Las propuestas serán de conocimiento de todos los grupos parlamentarios antes de que se cierre el correspondiente plazo de enmiendas;
l) Regulación de la participación de expertos e interesados a través de audiencias en Comisión para proyectos o proposiciones de ley, que estarán debidamente fundamentadas;
m) Regulación de los lobbies y huella legislativa, es decir, una ficha pública para cada proyecto o proposición de ley en la que se señale quién intermedió o negoció durante el proceso, quien enmendó y quien votó, dejando constancia real de los procesos de influencia sobre cada texto legislativo;
n) Mejora de la Ley de Transparencia de 2013, reforzando el derecho de acceso a la información pública y la capacidad de respuesta del Consejo de transparencia y buen gobierno y el cumplimiento de sus resoluciones.
Y también parecen coincidentes con propuestas de la Sociedad Civil, como el “Manifiesto por la mejora institucional”, de la Fundación Hay Derecho, lanzado de cara a las Elecciones Generales del 23 de julio, del que podemos destacar las siguientes propuestas contenidas en el mismo:
“4. PODER LEGISLATIVO. Restringir el uso de decretos-leyes a los supuestos previstos en la Constitución, revitalización de las sesiones de control parlamentario; regulación de los lobbies y de la “huella normativa”. Utilización de los mecanismos ya existentes para garantizar la calidad normativa y la coordinación con la regulación existente. Reforma del Reglamento del Congreso para impedir prácticas poco respetuosas con las garantías que exige el procedimiento legislativo. Transparencia de los informes que se hayan solicitado a lo largo del proceso.
8. LAS POLÍTICAS PÚBLICAS. Establecimiento de mecanismos efectivos de revisión “ex ante” y “ex post”. Diseño de políticas públicas con base en la evidencia y los datos disponibles. Publicidad de la evaluación.
9. LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS: Modificación de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno a la vista de la experiencia acumulada; definición del derecho de acceso a la información pública como un derecho fundamental; establecimiento de un régimen efectivo de sanciones para caso de incumplimiento; reforzar la independencia y las potestades de los órganos de garantía de la transparencia; exigencia de responsabilidades a los dirigentes de organismos o entidades opacos. Mejorar el acceso a la información pública con la reforma de la ley de secretos oficiales, impidiendo que esta suponga una restricción mayor al derecho de acceso”.
Es de esperar que los diputados y senadores del PNV expresen sus quejas sobre la forma antidemocrática de legislar en tiempo real y no a toro pasado o de cara a la galería.
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