¿Qué pasará con la Ley de eficiencia procesal?

Este es el estado parlamentario, a día de hoy, del Proyecto de Ley de medidas de eficiencia procesal del servicio público de Justicia (121/000097):

Plazos:

Hasta: 11/05/2022 (18:00) De enmiendas

Hasta: 18/05/2022 (18:00) Ampliación de enmiendas al articulado

Hasta: 25/05/2022 (18:00) Ampliación de enmiendas al articulado

Hasta: 01/06/2022 (18:00) Ampliación de enmiendas al articulado

Hasta: 08/06/2022 (18:00) Ampliación de enmiendas al articulado

Hasta: 15/06/2022 (18:00) Ampliación de enmiendas al articulado

Hasta: 22/06/2022 (18:00) Ampliación de enmiendas al articulado

Hasta: 29/06/2022 (18:00) Ampliación de enmiendas al articulado

Hasta: 01/09/2022 (18:00) Ampliación de enmiendas al articulado

Hasta: 07/09/2022 (18:00) Ampliación de enmiendas al articulado

Hasta: 14/09/2022 (18:00) Ampliación de enmiendas al articulado

Hasta: 21/09/2022 (18:00) Ampliación de enmiendas al articulado

Hasta: 28/09/2022 (18:00) Ampliación de enmiendas al articulado

Hasta: 05/10/2022 (18:00) Ampliación de enmiendas al articulado

Hasta: 11/10/2022 (14:00) Solicitud de comparecencias

Hasta: 13/10/2022 (18:00) Ampliación de enmiendas al articulado

Hasta: 19/10/2022 (18:00) Ampliación de enmiendas al articulado

Hasta: 26/10/2022 (18:00) Ampliación de enmiendas al articulado

Dieciséis veces se ha ampliado el plazo para enmiendas.

Si tenemos en cuenta esta información de hoy, de Carmen Morodo en larazon.es, el proyecto de ley no verá la luz en el Boletín Oficial del Estado.

Los socios de Sánchez cerrarán en febrero el Congreso

Dan por amortizada la actividad parlamentaria por la tensión electoral, lo que no esté aprobado antes de esa fecha puede darse por perdido”

Debe tenerse en cuenta que el 10 de junio el Tribunal Supremo valoró muy positivamente el compromiso adoptado por el Ministerio de Justicia de impulsar, a través de enmiendas al referido proyecto de ley, las medidas propuestas de forma reiterada por el alto tribunal para atender eficazmente la litigiosidad en masa, que permita a los tribunales suspender causas que presenten identidad jurídica sustancial con recursos de casación pendientes ante el Supremo, hasta que éste se pronuncie al respecto.

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