El obligado tributario que impugna actos de la Administración tributaria por considerarlos contrarios a Derecho ha de seguir un auténtico vía crucis hasta conseguir que le den la razón: pagar (o garantizar) y recurrir; agotar una larga vía administrativa y, finalmente, acudir a los tribunales de justicia.
Ayer se publicó en vozpopuli.com el siguiente artículo de Mercedes Serraller:
“Hacienda pacta con sus funcionarios un bonus de 100 millones para recaudar más.
“La Agencia Tributaria (AEAT) acaba de cerrar un pacto con sus funcionarios por el que dará un bonus de cerca de 100 millones de euros a cambio de unos ingresos en la lucha contra el fraude fiscal de más de 13.450 millones de euros…”
Si se “premia” a los funcionarios por adoptar actos gravosos para el contribuyente, debería premiarse a éste cuando tales actos son anulados posteriormente.